lunes, 31 de mayo de 2010

El porqué de la sanidad pública: el problema de selección adversa (I)

A propósito de la última entrada del blog Procesos de aprendizaje, de Ángel Martín Oro, en la que se hace una breve anotación sobre el mercado sanitario desde una perspectiva más bien liberal, alguna de sus afirmaciones me ha llevado a comentarla. En principio, Ángel reducía la justificación para una regulación del mercado sanitario por las externalidades positivas que éste genera para el conjunto de la sociedad. Ésto es cierto. Hay que tener presente que el que una persona tenga acceso al tratamiento y curación de enfermedades no sólo supone un beneficio para ella misma, sino también para el resto. Pensad simplemente en la probabilidad de contagio. Las personas con escasos recursos (que son normalmente las que ni suelen poder permitirse el pago de los servicios sanitarios ni tampoco la contratación de un seguro) son, al mismo tiempo, las que suelen tener mayores probabilidades de contagio (dificultad de acceso a tratamientos preventivos o de higiene eficaces, menor posibilidad de acceder a hábitos de vida saludables, mayores condiciones de insalubridad en los entornos en los que viven, etc.). Estas personas difícilmente podrían acceder a un tratamiento para, ya no prevenir el contagio de enfermedades, si no tan siquiera curárselas una vez las contraen. Este hecho hace que las probabilidades de contagio en una sociedad aumenten, lo cual resulta perjudicial para todos, independientemente de su implicación con los contagiados en primer lugar. Queda patente que una enfermedad, en definitiva, supone una externalidad negativa para toda la sociedad. Este argumento, sólamente, bastaría sólamente para plantearse la posibilidad de todos los individuos de una sociedad sufragasen de una forma u otra el tratamiento médico de aquéllos que no pueden permitírselo. Obviamente, el cómo se produzca esa "subvención" es un tema que admite amplia discusión a nivel organizativo, económico y social.

No obstante, la presencia de externalidades positivas (o negativas, según se mire) en el mantenimiento de la salud pública no es la única razón que puede justificar la existencia de una regulación en ese sector. Las asimetrías de información suponen a su vez un problema significativo. ¿Por qué? Supongamos una persona que desea contratar un seguro médico. A priori, la compañía de seguros no sabe nada sobre esa persona. ¿Cuáles son las probabilidades de que esa persona se ponga enferma? ¿De qué enfermedad, o a cuáles es más propensa? O en otras palabras, ¿cómo saber cuánto debería cobrarle por la póliza del seguro? La compañía no dispone de toda esa información. Es cierto que podría realizar algunas pruebas médicas al posible cliente a fin de determinar algunas de sus circunstancias (si está bien nutrida o no, si es fumador o no, etc.), pero ni puede conocerlas todas, ni puede hacerlo con exactitud ni tampoco, y esto es importante, puede conocer cuál será el comportamiento del cliente una vez que contrate el seguro. Pensadlo. Si una persona contrata un seguro de salud que le cubrirá de cualquier enfermedad que contraiga, ¿qué incentivos tendrá el asegurado para ser cuidadoso? Obviamente, a nadie le resulta agradable pasar por una enfermedad o dolencia, pero no es menos cierto que, en ausencia de riesgo, los medios preventivos se relajan. Haciendo uso de un ejemplo algo tonto, podríamos pensar que si una persona tiene un seguro de salud, podría ser menos meticuloso a la hora de abrigarse frente al frío (podrá acudir al médico ante cualquier mínima dolencia, o adquirir medicinas al primer síntoma). No quiere decirse que la presencia de un seguro haga que las personas pasen de ser extremadamente cuidadosas a no serlo en absoluto, sino que en circunstancias normales, las personas no se molestarán en ser tan cuidadosas (o no se molestarán tanto en pensar cómo podrían serlo) como lo serían en ausencia de seguro. Este problema, bastante común por otra parte aunque especialmente en los mercados de seguros, se conoce como riesgo moral.

Esta circunstancia tiene su consecuencia en la decisión que tomará una compañía a la hora de conceder o no un seguro de salud. Pongamos un ejemplo respetando ciertos formalismos. Supongamos que la empresa tiene que enfrentarse a dos tipos básicos de clientes: fumadores (F) y no fumadores (NF). Según las estadísticas, un 30% de la población española es fumadora. La compañía puede suponer entonces que la probabilidad de que un cliente suyo sea fumador es q = 1/3, o de 1-q = 2/3 en caso de que no sea fumador. Los estudios médicos demuestran, además, que la probabilidad de que una persona fumadora contraiga una enfermedad pulmonar es pf = 1/2, y de que la contraiga una persona no fumadora es pnf = 1/10. El tratamiento sanitario en caso de que se contraiga dicha enfermedad es de 1.000 €, por tanto, si la compañía de seguros tuviese que ofrecer una indemnización por enfermedad, sería por dicha cantidad. Por otar parte, la renta media de la población es de 1.000 €. Por último, supondremos que los individuos tienen unas funciones de utilidad del tipo: u(x) = x^(1/2), siendo x la riqueza de esa persona.

En primer lugar, pensemos que la compañía puede distingir sin error cada tipo de cliente. De ser así, la póliza actuarialmente justa que la compañía de seguros tendría que cobrar a cada tipo de cliente sería de Πf = pf*I = 500 € en el caso de un cliente fumador y Πnf = pnf*I = 100 €. En principio, y como puede verse, aquí no habría ningún tipo de problema. Cada cliente pagaría una cantidad ajustada según su condición. Ahora bien, supongamos que (como suele suceder) la empresa no puede distinguir a cada tipo de cliente. Lo que haría entonces sería calcular un precio medio ponderado, es decir: Π = q*pf*I + (1-q)*pnf*I = 233,33 €. Este sería el valor de la póliza que la compañía ofrecería a todos sus clientes sin excepción. Puede verse claramente que los fumadores salen ganando ante el desconocimiento de la compañía (la póliza que tendrían que pagar sería mucho menor ahora). No está tan claro para los no fumadores, que a primera vista salen perdiendo en esta situación al tener que pagar una póliza mayor. 

¿Qué harán los no fumadores? Depende de qué utilidad les reporte tener o no un seguro contratado. Si los no fumadores contratan un seguro, su utilidad sólo se vería mermada por la póliza que se viesen obligados a pagar. La posibilidad de padecer una enfermedad no se contempla, pues precisamente el hecho de tener contratado un seguro que le indemnice por los daños le exime de ese coste. Por tanto, la utilidad de los no fumadores si contratan un seguro es u(cs) = (1.000-233,33)^(1/2) = 27,86. Ahora bien, si los no fumadores no contratan un seguro, su utilidad será equivalente al valor esperado de su riqueza ante la posibilidad de sufrir o no una enfermedad pulmonar, es decir: u(ss) = (1/10)(1.000-1.000)^(1/2) + (9/10)(1.000)^(1/2) =  28,46. Vemos que u(cs) < u(ss), es decir, ante las condiciones que le ofrecen, los no fumadores preferirán no contratar un seguro de salud. En este caso, decimos que existe un problema de selección adversa.

¿Cuáles serán las consecuencias de todo ésto? La selección adversa plantea dos efectos económicos importantes: 1) El cierre de mercados, que se produce cuando los únicos dispuestos a aceptar el precio fijado por la empresa son los "peores" clientes, es decir, los que suponen mayores costes para la empresa. Si existen costes administrativos de por medio puede que ni el precio que se fijase llegase a ser atractivo ni para los peores clientes, con lo que se cerraría el mercado. 2) El racionamiento de recursos, ya que cuando hay selección adversa la modificación del precio influye no sólo sobre los ingresos de la parte vendedora, sino también sobre sus costes de proporcionar el producto. Ante este hecho, puede darse la circunstancia de que la empresa, para intentar mantener su competitividad, prefiera "racionar" el producto antes que elevar el precio (algo que sucede muy a menudo, véase los casos del racionamiento del crédito y del mercado laboral).

Estas son sólo algunas de las conclusiones que pueden derivarse del problema de selección adversa, pero ya de por sí resultan lo suficientemente importantes para no dejarlas de lado. De hecho, de los planteamientos del ejemplo puede deducirse que las pólizas que se ofrecerán variarán según cuál sea la proporción de individuos de un tipo u otro, o del riesgo de sufrir el evento frente al que se aseguran para cada uno (en ambos casos, se trata de asimetrías de información), o de la pérdida que genera el suceso en cuestión y que pretende ser asegurada. Son estas circunstancias las que constituyen la principal razón de que el mercado sanitario precise regulación. ¿Cuál será más efectiva? Aunque pueden darse algunas respuestas a esta pregunta, merecerían una explicación más detallada. Baste decir que no existe un sólo modelo y que todos ellos presentan sus ventajas e inconvenientes. Es más, uno de esos modelos podría ser, precisamente, el que citaba Ángel en su entrada, es decir, que el Estado provea esos servicios sanitarios únicamente a las personas que no pudiesen costearselos. Ahora bien, ¿sería la mejor opción? Si los exámenes me lo permiten, intentaré contestar a esta pregunta en la próxima entrada. Deseadme suerte.

P.D. He hecho una pequeña modificación a la entrada para aclarar algo mejor las consecuencias que la presencia de información adversa tiene en los mercados. Le debo también una réplica a Ángel Martín Oro, que se molestó en contestarme a esta entrada (y por ello se lo agradezo). Por lo demás, hubo suerte en el último examen, pero tengo otro el viernes. Veremos qué tal ;) 

domingo, 23 de mayo de 2010

Una especulación sobre la naturaleza de la utilidad

¿Os acordáis de la entrada que dediqué a explicar el excedente del consumidor? En ella, Citoyen me lanzó una pregunta: "¿Que relacion existe entre el excedente del consumidor, el concepto de eficiencia de Pareto y los criterios de compensacion?", que después aclaró convenientemente: "El criterio de pareto es un concepto ordinalista de inspiracion walrasiana. El excedente del consumidor es un concepto cardinalista de inspiracion Marshalliana. Los dos llegan a conclusiones similares respecto a cuando los mercados funcionan mejor o peor. La filosofia declarada de los economistas es la paretiana; pero en la practica, seguimos usando el "denostado" analisis de excedentes para un monton de cosas- organizacion industrial, economia publica, etc,... Por otro lado, tenemos los conceptos de Variacion Compensada y Variacion equivalente que son, al menos segun Hicks, la "version" ordinalista del excedente del consumidor. Lo que te sugiero es que compares los dos enfoques a ver lo que sale". He aquí mi intento de relacionar no sólo todos los conceptos mencionados, sino al mismo tiempo, "reconciliar" dos aparentes tradiciones económicas distintas todavía enfrentadas (y no, no es nada irrelevante y menos para algunas corrientes económicas, si no recordad el intercambio de réplicas que mantuvimos Albert Esplugas y yo hace no demasiado tiempo).

Con una renta de x el individuo puede elegir entre diversas alternativas dada su escala de preferencias. Si la renta aumenta, pasando de x a y, el individuo puede elegir ahora entre las citadas alternativas anteriores y otras opciones que antes estaban al margen y ahora se han incorporado como alternativas en el conjunto de elección del individuo, y que lógicamente se distribuyen junto con las previas según la misma escala de preferencias. El conjunto de elecciones aumenta y, suponiendo que nadie ha empeorado en esta transición, podremos afirmar que el resultado es Pareto eficiente, y en relación con el precedente, es Pareto superior. En relación con el ejemplo, puede verse que si la renta aumenta, en consecuencia, aumenta el conjunto de elecciones factibles del individuo.

En terminología matemática, podemos definir un conjunto definido de individuos Φ = {A,B}. Dada una renta x el conjunto de alternativas de consumo de un individuo como A = {a, b, c, (a,b), (a,c), (b,c), (2a,b), ..., (2b,2c), ... (a,b,c)}, en el que a, b, c tres bienes distintos en función de sus precios y (a,b), (b,c), etc. las combinaciones factibles de los mismos, y que se distribuyen en el conjunto siguiendo un vector de preferencias v. Si x aumenta según una función concreta y pasamos a una renta y > x, el nuevo conjunto de alternativas de consumo del individuo pasará a ser A' = {a, b, c, d, (a,b), (a,c), (b,c) (a,d), (b,d), (c,d), (a,b,c), (a,b,d), ..., (2a,b,c), (2a,2b,c), ..., (a,b,c,d)}. A, B, como conjuntos, son susceptibles de ser operados bajo las propiedades de unión, intersección y complementación de conjuntos si sus elementos están correctamente definidos.

Además, podemos distinguir entre dos tipos de cambio en los conjuntos, sea por el aumento de combinaciones factibles dado un aumento del parámetro k que acompaña a cada elemento (efecto renta), es decir, por el paso de combinaciones (a,b) a otras del estilo (2a,b), (2a,3b); sea por el aumento de combinaciones factibles por la introducción de nuevos elementos (efecto sustitución), es decir, pasar de combinaciones (a,b) a otras como (a,c), (a,b,c). En ambos casos se produce una variación del cardinal del conjunto #A. Del mismo modo, ambas transformaciones conllevan el cambio del vector de preferencias para adecuarse al nuevo conjunto. En el mismo sentido si se produce un paso de A → A', #A' > #A , y en dicha transición no sucede que B → B', #B' < #B, entonces diríamos que el resultado es Pareto eficiente, y en relación con la situación precedente, es Pareto superior. Del mismo modo, si en el paso de A → A', #A' > #A sucede que B → B', #B' < #B pero #A' - #A > #B - #B', entonces diríamos que la nueva situación es eficiente en el sentido de Kaldor. Análogamente podríamos establecer las condiciones para la eficiencia en el sentido de Hicks. Los criterios de compensación también tendrían cabida bajo este análisis. Si sucede A → A', #A' #A, se define la variación compensatoria o variación equivalente como la cuantía de renta r que al añadirse o sustraerse, verifica #A' = #A a pesar del cambio experimentado en el conjunto (según nos encontremos en la situación inicial o en la final).

Llegados a este punto caben dos consideraciones de importancia. La primera es que la utilidad no resulta por sus acepciones (de marcado carácter teleológico) un concepto correcto para describir los fenómenos económicos (de hecho, su empleo proviene de la edad oscura de la economía). La segunda es que nuestro análisis se remite esencialmente a la cardinalidad de los conjuntos de elección (los elementos presentan el problema de su definición o cuantificación, o de los procesos cognitivos que llevan a su valoración subjetiva, ambas cuestiones situadas al margen de la ciencia económica). Obviamente, los elementos propiamente dichos no pueden agregarse (aunque podría operarse con ellos, pero de ahí volveríamos al problema de su definición), pero los cardinales.

Una aclaración con respecto a la utilidad, tal y como suele emplearse en el análisis de las demandas ordinarias. No está de más recordar que la función de demanda representa la utilidad marginal de un individuo. De ahí que la primitiva de una función de demanda sea precisamente la función de utilidad del individuo, y como hablar de primitivas es sinónimo de integración (y este proceso consiste nada más que en calcular el área debajo de la función en un intervalo definido), por tanto puede deducirse que el excedente representa la utilidad del individuo en una situación dada. No está de más decirlo, pues a partir de ahora emplearé indistintamente los conceptos precedentes como sinónimos.

Ahora bien, ¿cómo se relaciona el excedente del individuo con todo lo que hemos desarrollado previamente? Precisamente a través del cardinal del conjunto #A. No me atreveré a afirmar que el excedente de un individuo es equivalente al cardinal de su conjunto de elección (EC = #A). Es una posibilidad. En cualquier caso, ambos conceptos están correlacionados de forma directa, en el sentido de que una variación en el cardinal en sentido positivo se reflejará en una variación en sentido positivo en el cardinal, y viceversa. Es comprensible, por otra parte. Recordemos que el excedente, en su forma más básica en el caso de una función de demanda lineal, se calcula como [(P'-P)*(Q'-Q)] / 2, donde P' es el precio máximo dispuesto a pagar (por tanto, se encuentra contenido en el conjunto de alternativas factibles), P es el precio efectivo, y Q', Q las cantidades correspondientes respectivamente a cada precio. Puede verse que si el diferencial entre precio máximo y precio efectivo es mayor, el excedente aumentaría, y en consecuencia también lo haría el cardinal del conjunto de elección. Una mayor disposición a pagar refleja un mayor número de combinaciones posibles dentro del conjunto de elección, y si el precio efectivo de los bienes cae, el número de combinaciones factibles aumenta para una misma renta. Lo mismo puede decirse respecto a las cantidades. Como puede verse, por tanto, el cardinal y el excedente se correlacionan de forma directa. ¿Serán equivalentes? Es posible, como decía, pero ni poseo la base matemática ni tampoco el nivel como para ser capaz de demostrarlo.

Asimismo, puede verse cómo este concepto se relaciona con el concepto de eficiencia. Si el excedente del individuo aumenta, ello implica que el cardinal de su conjunto de elecciones factibles lo hace (en igual o similar medida), es decir, el número de combinaciones factibles entre las que el individuo puede elegir dada una escala de preferencias es mayor. Así, si.A → A', #A' > #A y no sucede que B → B', #B' < #B, hablaremos de una situación Pareto superior, o en caso de que sí suceda, siempre podemos recurrir al criterio de eficiencia por compensación de Kaldor-Hicks. ¿Qué relación deja entrever ésto? Pues precisamente que si se maximiza el excedente del consumidor (que en determinadas circunstancias podría relacionarse con el output de una economía), guardando la relación descrita en este párrafo, podemos alcanzar resultados sucesivamente Pareto superiores, con o sin criterios de compensación por el medio.

¿Por qué nos interesa a los economistas entonces efectuar análisis a través del excedente (equivalente o casi equivalente al cardinal) y no a través de los conjuntos de elección propiamente dichos? En primer lugar, por las dificultades que representa el análisis de conjuntos, especialmente en referencia a la definición de los elementos internos. ¿Son homogéneos los elementos de distintos conjuntos de elecciones para cada individuo? ¿Se reproducen las mismas combinaciones, o un patrón de ellas, para cada conjunto? ¿Cuál es el carácter del vector de preferencias para cada individuo? La respuesta a estas preguntas nos haría traspasar los límites de la ciencia económica para adentrarnos en el psicologismo, algo que los economistas prometimos no volver a hacer. Sólo nos queda, entonces, asumir los conjuntos de elección como cajas negras de las cuales sólo conocemos sus cardinales. Ahora bien, ¿realmente podemos conocerlos si no tenemos conocimiento de los elementos que lo definen? En cierto modo sí, precisamente a través del cálculo del excedente del individuo en los mercados. Si asumimos que el cardinal es equivalente (y si ésto es demostrable) al excedente del individuo, el cálculo de este último nos proporciona una forma indirecta bastante efectiva de calcularlo. Si no es así, en cualquier caso, ambos conceptos se correlacionan de forma directa, con lo cual podemos conocer en qué sentido varía el cardinal (y por tanto, el conjunto de elecciones factibles de un individuo) según como varía su excedente en los mercados. Esto nos lleva a un último aspecto importante en el empleo de estos instrumentos, y es que toda esta información en torno a las preferencias de los individuos puede inferirse a través de los mecanismos de mercado, es decir, a través de lo que revelan los individuos. De ahí precisamente que hablemos de preferencias reveladas, quedando toda consideración sobre la naturaleza de ellas al margen, como venimos diciendo.

No sabría decir si éste análisis es correcto o no (seguro que he cometido un montón de fallos, si veis alguno no dudéis en decírmelo), pero desde luego me resulta bastante interesante, especialmente por su contenido. Se contempla la intersubjetividad sin por ello comprometer la configuración subjetiva de las preferencias ni tampoco caer en simplificaciones, al tiempo que se da plena cabida a los criterios de eficiencia y compensación sin pasar necesariamente por una cuantificación forzosa. Además, este análisis, a mi parecer, responde especialmente a la pregunta de Citoyen que dio pie a toda esta argumentación, y es cómo se podría relacionar conceptos, uno de carácter ordinal y otro cardinal, que sin embargo nos llevan a conclusiones similares en la práctica. Creo haber dado un paso en esta dirección, solventado además por el camino la aparente confrontación entre la ordinalidad o cardinalidad de la utilidad, tan manida por los economistas. Sin embargo, me gustaría preguntaros por vuestra opinión (especialmente a Citoyen, que fue quien planteó la pregunta original). ¿Qué pensáis?

El modelo de Badhuri-Marglin (II)

A propósito de la réplica que me ha dedicado Alberto Garzón Espinosa (a quien agradezco enormemente haberse molestado en responderme) con motivo de mi anterior entrada en la que criticaba el modelo de Badhuri-Marglin, me gustaría responderle a alguna de sus matizaciones de forma algo más detallada. Sobre algunos de sus comentarios no tengo nada que decir, más que nada porque son correctos. En especial, le agradezco los enlaces que me ha proporcionado en los que se muestran ampliaciones del modelo asumiendo existencia de ahorro, economía abierta o diferencias de productividad. Desde luego, merecerá la pena echarles un vistazo.

En particular, me gustaría argumentar un apunte de Alberto con el que no estoy de acuerdo. En mi segunda crítica, afirmaba "(...) El modelo asume que esta "transición" es automática. Sin embargo, aunque un incremento general en salarios no suponga un coste relativo para ninguna empresa en relación al resto, el mismo sí que se refleja efectivamente como un coste en cada empresa, con todas sus consecuencias". Frente a ésto, Alberto argumenta: "(...) En todo caso, lo que interesa es su perspectiva macro: el incremento de la demanda lleva a mayores beneficios empresariales tarde o temprano. En todo caso hay que tener en cuenta que incrementos en los salarios no se producen por encima de los ingresos, sino que aún incrementándose dejan margen de beneficio. Es decir, que las empresas no tienen por qué quebrar. Es verdad que ven reducida su rentabilidad, y también sus beneficios, pero no tienen pérdidas". Efectivamente el modelo es estático y por tanto las transiciones son difíciles de reflejar, pero no por ello tenemos que evadir sus consecuencias. 

Como decía en mi segunda crítica, la transición no es automática. Las empresas deben reflejar el aumento de los costes de forma efectiva en tanto se producen, sin que realmente tengan constancia de si recuperarán tal incremento a través de sus ventas en un futuro y, de ser así, en que proporción lo harán. Este riesgo viene propiciado precisamente por el hecho de que los trabajadores no tienen por qué consumir todo el incremento de su salario y que, además, tampoco tienen por qué distribuir su consumo de forma proporcional en todas las industrias. Es más, en este último caso, más bien podríamos decir con seguridad que no lo harán, por lo que habrá sectores más beneficiados que otros. De hecho, es bastante probable que haya incluso sectores que recuperen una proporción mayor a la que supuso el incremento de los salarios (depende en última instancia de las incidencias de los efectos renta y sustitución). Las consecuencias, en todo caso, no son neutras. 

Para ser lo más claro posible, intentaré poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa dedicada a la producción de acero (se adecúa bastante bien a un mercado oligopolístico a escala mundial). Si se produce el incremento salarial general del que venimos hablando, en primera instancia, la empresa verá aumentar sus costes, lo cual reducirá instantáneamente su beneficio en balance. La empresa tiene dos opciones: o asumir la disminución de los beneficios (que si son casi nulos, sí, conllevarían pérdidas) o bien incrementar sus precios para mantener el margen de beneficios que tenía antes de la subida salarial. Si hace lo primero, malo: menores beneficios pueden implicar cambios en la estrategia de la empresa dependiendo de su magnitud, o si es cotizada, puede llevar a un festival en su cotización. Como todo, depende de la estructura de la empresa, su actividad y sus previsiones de beneficio. No obstante, la posibilidad está ahí. En el caso de que la empresa decidiese mantener su margen de beneficio, la consecuencia más clara es que los precios subirían. Quizá el incremento del precio unitario del acero no fuese apenas apreciable, pero cuando nuestros clientes habituales, que nos piden varias toneladas, empiecen a comparar, ese incremento sí que puede tener muy serias consecuencias, máxime en un mercado oligopolístico. Con poco que una empresa competidora tenga una estructura de costes que le haya permitido absorber mejor el incremento salarial, lo más normal sería que mis clientes empezaran a plantearse seriamente visitar a la competencia. Así que resulta que la primera consecuencia que ha tenido el incremento del salario de mis trabajadores (con su correspondiente disminución inmediata de beneficio) ha sido la de reducir aún más mis previsiones de beneficio por la previsible disminución de la demanda de mi acero. Y ésto no es ninguna tontería: en un oligopolio, el gasto destinado a fidelizar o atraer clientes es bastante elevado dada la ferocidad de la competencia. Bueno, me queda una esperanza, y es recuperar mis mayores costes por el incremento salarial (y los que he perdido por previsibles caídas de la demanda) a través de mis ventas. Bueno, mis trabajadores no es que vayan a comprar más acero del que compraban por haberles subido el salario (más bien nada, lo mismo que hacían antes). Me queda esperar que la subida general haga que el consumo se distribuya en una mayor proporción hacia sectores que sí demanden acero, de forma que obtengan rentas que les permitan aumentar de forma extraordinaria su actividad y así demanden más acero que pueda venderles (con suerte hasta me vuelvo competitiva). Ahora bien, ¿pasará todo ésto? ¿en qué magnitud? ¿cómo estaré llegado el momento? y lo más importante, ¿cuánto tiempo voy a tener que tirarme así?

Como decía, las consecuencias no son neutras, y puede verse que igual que éste ejemplo podría haber miles en el que se reflejasen empresas con distintas circunstancias. En todos ellos se verían algunos de los aspectos que destaqué en mi crítica original. Obviamente, está claro que el modelo nos puede permitir estimar cómo cambia la demanda agregada ante variaciones en las distribuciones del ingreso, sea el consumo o los salarios, como bien dice Alberto. Sin embargo, no veo qué diferencia existe entre hacerlo a través de este modelo o de otros que proporciona, digamos, la "economía ortodoxa". Desde luego coincido en que es preferible tener presente que los salarios forman parte de la demanda, y que no es ninguna tontería ni desde luego una estrategia equivocada para las empresas el tenerlo presente, ni tampoco el que nunca esté de más ser conscientes de que cambios en los salarios provocan cambios consecuentes en la demanda y ésto a su vez puede provocar cambios consecuentes en los salarios. Es lógico y así de hecho lo declaraba al final de mi entrada anterior. No obstante, sigo sin ver qué puede aportar el modelo de Badhuri-Marglin en relación con lo dicho que no puede ser analizado desde los actuales modelos no heterodoxos. Aunque sí, existe una salvedad, y es que normalmente el modelo de Badhuri-Marglin suele emplearse como argumento a la hora de promover políticas de incrementos generalizados de los salarios, aludiendo a que su efecto puede ser neutro (se produce una redistribución de la renta, simplemente) o incluso beneficioso en última instancia. Ambas cosas pueden ser ciertas, pero no lo es menos que dicho incremento puede tener efectos netos igualmente perjudiciales. Depende en último caso de las circunstancias, pero es algo que suelen pasar por alto los defensores del modelo al resaltar sus implicaciones.

Además, no cabe olvidar la cuarta crítica, y es precisamente que el aunque el modelo pueda pretender demostrar cómo las consecuencias de un incremento salarial generalizado reinciden en las propias empresas (se produce una retroalimentación), no se puede afirmar nada sobre cómo hubiera sido la situación de no haberse producido dicho incremento, que obviamente, podría haber sido la misma, peor o mejor. Es algo que, directamente, no resulta contrastable. Es cierto que podemos estimar en qué proporción varía la demanda agregada según la variación de cada uno de sus elementos internos (sea el consumo o la inversión), pero no por ello podemos concluir que, por el hecho de que tal variación se produza, el camino que hemos seguido es el único correcto, o incluso, que es el que debe seguirse en todas las circunstancias. Desde un punto de vista político puede pretenderse una redistribución de la renta según el concepto de justicia social que se emplee, pero eso no implica que tomar una acción que considere ese objetivo en mayor medida es la única posible. Como siempre suelo decir, en un caso se trata de una decisión política, en el otro de una económica. No son incompatibles, pero a la hora de analizar las consecuencias de una decisión, asumiendo las políticas no podemos eludir las económicas, que es en verdad lo que parece hacerse en situaciones en las que se esgrimen las consecuencias de este modelo.

Yo tampoco soy postkeynesiano, pero no por ello dejan de resultarme interesantes (lo mismo podría decir para los austriacos). Creo que pueden aportar mucho al campo de la economía y que muchos de sus enfoques son, por su propia temática, más que dignos de consideración. Tampoco se ha de ser necesariamente dogmático en cuestiones metodológicas, pero del mismo modo, tampoco se ha de caer en una crítica constante e infundada hacia la ortodoxia únicamente por ser "ortodoxa". Más bien, cabría preguntarse por qué el marco teórico que hoy se considera ortodoxo llegó a serlo efectivamente; cuando cabe recordar que nunca está de más plantearse que se entiende por "economía ortodoxa" propiamente dicha. Lo gracioso del tema es que dices demostrar que partiendo de otros supuestos sobre cómo funciona la economía se llegan a conclusiones radicalmente distinta. ¿Qué otros supuestos? ¿Qué otras conclusiones? A la vista de esta entrada y su precedente, las conclusiones no son para nada distintas de las que podría proporcionar la economía convencional. Únicamente me transmite la sensación de que, en vez de pretender reforzar, ampliar y progresar dentro de un paradigma establecido, sólo se pretender hacer distinciones arbitrarias bien por solo deseo de diferenciación bien por alguna razón interesada que se escapa a mi conocimiento, pero nada más.

martes, 18 de mayo de 2010

El modelo de Badhuri-Marglin

A propósito de la situación actual, hay quienes argumentan que bajar los salarios no sirve de nada, más al bien al contrario. Con salarios más bajos, los trabajadores tendrán que reducir su consumo, así que lo que supone un "alivio" temporal para las empresas, a la larga puede convertirse en su perdición al verse en ausencia de clientes que sean capaces de comprar sus productos. Es más, en estos casos suele salir a colación una anécdota de Henry Ford, quien subió los salarios de sus propios empleados hasta el punto de que fuesen capaces de comprarse los modelos de coche que él mismo fabricaba, asegurándose así el retorno de parte de los salarios gastados a través de sus propios trabajadores (que actuarían como clientes, cabe esperar, bastante fieles). El caso extremo de esta argumentación, aplicado a toda una economía, podría plasmarse en el postkeynesiano modelo de Badhuri-Marglin, bastante relacionado con esta entrada sobre la ecuación de Kalecki que escribí hace poco.

No quisiera adentrarme en una explicación detallada sobre el modelo de Badhuri-Marglin. Si tenéis interés, Alberto Garzón Espinosa realiza en su blog una exposición impecable del mismo. Podéis verla aquí (I) y aquí (II). Por nuestra parte, y en resumidas cuentas, el modelo viene a establecer que si bien para una empresa una subida salarial supone un coste relativo respecto al resto de empresas, si todas las empresas subiesen sus salarios los costes serían sólo aparentes, ya que el mencionado aumento de los salarios redundaría en un aumento posterior del consumo. Las empresas recuperarían así los costes derivados del aumento salarial a través del incremento de sus ventas. Así se concluye que la economía puede situarse en niveles de crecimiento superiores simplemente mediante el efecto multiplicador de los incrementos salariales. ¿Suena maravilloso, verdad? De hecho, el modelo constituye uno de los elementos más atractivos de la denominada "economía crítica". Pues bien, no suelo ser admirador de los fuegos de artificio, y no puedo negar que aunque el modelo se muestra matemáticamente consistente, tenía (y mantengo) serias dudas sobre la coherencia de sus resultados. En general, mi critica podría exponerla como sigue:

1) Al margen de ciertas simplificaciones comunes a las versiones más simples de todos los modelos, el modelo de Badhuri-Marglin supone que los trabajadores consumen todo su salario. Este hecho no sólo no es verificable, sino que además todo apunta a que es evidentemente falso. No es algo menor, pues sus consecuencias resultan bastante relevantes, según veremos a continuación. A ésto podríamos añadir que el modelo supone, implícitamente, una propensión al ahorro y una utilidad marginal del dinero constantes, algo que también es falso.

2) Supongamos que se lleva a cabo un incremento para todos los salarios de una economía, lo cual supone un mayor coste para todas las empresas, independientemente de que pudiesen o no recuperarlo en un futuro a través de las ventas. El modelo asume que esta "transición" es automática. Sin embargo, aunque un incremento general en salarios no suponga un coste relativo para ninguna empresa en relación al resto, el mismo sí que se refleja efectivamente como un coste en cada empresa, con todas sus consecuencias. Si todas las empresas deben reflejar, por ejemplo, un aumento en sus costes de un 10 %, ¿cuánto tiempo tendrán que soportarlo, es decir, cuánto tardarían supuestamente en recuperarlo a través de sus ventas? ¿Cómo podrían hacer las empresas frente a ese aumento en sus costes sin contrapartida? Como bien supondréis, es probable que muchas empresas se vieran abocadas a la quiebra. Además, nunca está de más recordar que un aumento del 10 % en el salario supone un incremento de 80 € para un trabajador que cobra 800 €  mensuales, pero para una empresa con 10 trabajadores como éste en plantilla supone un desembolso de 800 € adicionales cada mes (y eso sin tener en cuenta impuestos y cotizaciones). Además, en relación con el apartado anterior, ni siquiera tendríamos asegurado que los trabajadores fueran a retornar el total de su incremento salarial a través de su consumo.

3) Aunque, como veníamos diciendo, si el incremento salarial es general el mismo no supone un coste relativo para una empresa en relación con el resto, sí supone una pérdida relativa a posteriori. El modelo asume que, tras la subida, las empresas recuperarán sus pérdidas vía ventas. Ahora bien, ¿gastarán los trabajadores su incremento salarial de forma proporcional en todas las empresas? Ni mucho menos. El modelo no tiene en cuenta ni los efectos de la competencia imperfecta, ni la desigual distribución del consumo según productos, ni tampoco fenómenos tan básicos como los efectos renta y sustitución. Así, si un trabajador de una fábrica de cerveza percibe un incremento del 10 % en su salario, y concediendo que gasta su totalidad, ¿podremos suponer igualmente que lo gastará todo íntegramente en cerveza, permitiendo así a la empresa recuperar sus pérdidas? Es poco probable, por no decir impensable. En tales circunstancias, habría sectores más beneficiados que otros, tanto por su implantación en el mercado como por su tipo de producto. Por ejemplo, una cadena de supermercados podría, por su tipo de producto, recuperar a través del incremento posterior en sus ventas una proporción mucho mayor que la que perdió por el incremento salarial precedente. Otras industrias, como por ejemplo la de artículos de lujo, lo tendrían mucho más complicado. Es más, ¿y si la cadena de supermercados se especializa en productos de marca blanca? Es probable que el efecto renta incluso le perjudicase. Como puede verse, los resultados son muy difíciles de determinar, pero al menos hay algo claro: no son proporcionales, que es algo que precisamente el modelo sostiene.

4) Y lo más importante. El modelo de Badhuri-Marglin muestra, atendiendo eso sí a las críticas anteriores, únicamente lo que se ve, es decir, que lo que parece en primera instancia un coste añadido para las empresas puede convertirse en una posibilidad posterior de crecimiento. Ahora vayamos a lo que no se ve. Concediendo las premisas del modelo (muchas desmontadas anteriormente) y contemplando sus resultados, ¿cuál habría sido el resultado de no haberse producido el incremento salarial? Entendemos que las empresas habrían tenido un mayor margen de beneficio que habrían destinado a financiar su crecimiento. El recorte en este margen, en concreto, corta estas posibilidades. El modelo precisamente nos indica que estas posibilidades no se ven mermadas, pues el gasto incial se compensa por un incremento de los ingresos a través de las ventas. El problema es que ésto no puede determinarse, pero no es lo único. No puede determinarse cuál sería la situación de no producirse el incremento salarial, no puede determinarse la situación una vez producido el incremento salarial y no puede determinarse la situación posterior en la que dicho incremento retorne a las empresas tras un aumento del consumo que tampoco puede determinarse. El modelo muestra un escenario, pero los escenarios son múltiples, por tanto, no es verificable.

El modelo de Badhuri-Marglin es interesante por su incidencia en cuestiones aparentemente pasadas por alto en muchas ocasiones, tales como el hecho de que subir salarios no siempre es una estrategia errónea (como en la anécdota de Ford) o la de remarcar la interrelación entre las diferentes fases del proceso económico (los costes de una primera fase pueden suponer mayores ingresos en una segunda). Sin embargo, más allá de esa curiosidad, el modelo no sólo no aporta nada relevante, sino que además conduce a conclusiones que, cuando no incontrastables, se muestran ampliamente erróneas. La distribución de la renta es un objetivo importante que desde luego es necesario abordar, eso sí, siempre desde el rigor. No podría pedirse menos.

Fomentar la natalidad a base de subvenciones (II)

Le comentaba hace unos días a un amigo el argumento que defendí en la entrada anterior a propósito de la naturaleza de subvenciones como el famoso cheque-bebé y los incentivos que generan para unos y otros grupos o tipos de individuos. En esencia, asumía entonces, como sigo haciendo ahora, que el objetivo principal de esta medida era la de incentivar la natalidad (al menos así se declaró en su momento). De ahí que, en consonancia con la efectividad que puede esperarse de los incentivos monetarios, no tuviese ningún sentido criticar esta medida por su carácter regresivo, más bien al contrario: la regresividad no sólo es una condición necesaria, sino además deseable si perseguimos dicha efectividad.

Pues bien, mi amigo me hizo un apunte que considero lo suficientemente importante como para compartirlo con vosotros. Es cierto que para ciertos grupos (especialmente rentas medias-bajas) las transferencias monetarias, en este caso 2.500 €, pueden suponer la diferencia entre tener un hijo ahora o en otro momento. Sin embargo, como también apuntamos en la entrada anterior, para una familia pudiente un pago único 2.500 € no suponen nada destacable, o al menos, lo suficiente como para tener o no un hijo con todo lo que ello conlleva. ¿Qué cantidad podría suponer una diferencia? Una familia con recursos puede tener todo lo necesario para costear la manutención de un recién nacido (o un niño adoptado, el caso es el mismo), luego la cuestión monetaria puede no ser realmente el problema. Ahora bien, los costes que acarrea un nuevo nacimiento no son sólo monetarios, al menos directamente. El tiempo es un factor esencial. Los recién nacidos (y los no tan recientes) requieren bastantes cuidados que, no por su coste sino por el tiempo que requieren, suponen un esfuerzo bastante considerable para sus padres. No sería la primera vez que asistimos ante un caso de una madre que deja de trabajar para disponer de tiempo con el que cuidar a sus hijos si no tiene otra alternativa. O de la multitud de abuelos que se dedican a cuidar a sus nietos mientras sus padres trabajan (podría hablar también de casos de varones, pero en estos casos el sexo supone un sesgo bastante significativo).

Este hecho nos lleva a un concepto fundamental de la economía: el coste de oportunidad, que se define como el valor de la mejor oportunidad rechazada al tomar una elección. Normalmente no es tenido en cuenta a la hora de valorar los costes aparejados a cualquier acción, pero su inclusión resulta esencial en el análisis económico. Así, si vamos al cine, normalmente decimos que "nos ha costado" 6 €. Sin embargo, si un amigo nos hubiese propuesto ir a descargar cajas esa misma noche cobrando 200 €, vemos que el coste de ir al cine es en realidad mayor, pues no sólo habría que tener en cuenta el coste de una entrada de cine, sino también "lo que hemos perdido" por no haber elegido el trabajo que nos ofrecía nuestro amigo. El coste económico de ir al cine en nuestro ejemplo sería entonces de 206 €. La diferencia, como puede verse, es bastante notable.
 
¿Cómo puede aplicarse ésto al caso de la natalidad? Habría que tener presente cuál es el coste de oportunidad de tener un hijo en cada caso. En este sentido, la distribución de la renta entre la población es un factor muy importante, pero no es el único. Así, es probable que una familia de renta alta tenga un coste de oportunidad muy bajo al poder sufragar sin problemas la manuteción del recién nacido, su educación posterior, que uno de los padres deje de trabajar, contratar niñeras o costear una guardería, etc. Del mismo modo, una familia de renta baja puede también enfrentarse a un bajo coste de oportunidad aunque por motivos bien distintos: uno o ambos padres pueden estar en situación de desempleo, o por regla general sólo trabaja el varón mientras la mujer es ama de casa, o el "estándar" de manutención y educación que se dedica a los hijos no es tan elevado como en el caso de las familias pudientes, etc. Curiosamente, este análisis nos lleva a la conclusión de que es la clase media la que se enfrenta a un coste de oportunidad proporcionalmente mayor. Que uno o ambos padres trabajen supone una enorme diferencia dado sus salarios, pero también hay que tener presente que sus "estándares" de manutención y educación son más parejos a los de las clases altas, al tiempo que su renta es más cercana a la de las bajas. Son estas disparidades precisamente las que acarrean un mayor coste de oportunidad. Otros factores, más allá de la renta pero que también entran en consideración, podrían ser el vivir en un medio rural o urbano, que los abuelos vivan en la misma localidad o en otra distinta, el trabajo que desempeñen los padres, etc. Como decía, y ésto quiero dejarlo muy claro, los factores que intervienen en este fenómeno son innumerables, y a pesar de los ejemplos puestos anteriormente, éstos no dejan de ser simplificaciones (bastante burdas, de hecho). En este sentido, cada familia es un mundo, y son todas esas variables mencionadas las que determinan un coste de oportunidad u otro. No obstante, a pesar de todas las generalizaciones, se puede intentar ser lo más preciso posible (con datos en la mano, por supuesto).

¿Por qué resulta tan importante la consideración del coste de oportunidad? En la entrada anterior aplicamos el concepto de utilidad marginal del dinero, con la conclusión de que los incentivos monetarios deberían ser más elevados a medida que aumentase el nivel de renta si pretendían ser efectivos. Por tanto, las clases pudientes deberían cobrar una transferencia mayor si pretendíamos incentivar su tasa de natalidad. La aplicación del coste de oportunidad nos lleva a la conclusión, manteniendo los efectos de la utilidad marginal del dinero, de que en realidad son las familias de clase media las que necesitarían un mayor incentivo, precisamente por el coste de oportunidad proporcionalmente mayor que representa para ellas un recién nacido en comparación con los otros grupos. No sólo eso. Las circunstancias familiares juegan al margen de la renta un papel fundamental, por lo que las subvenciones aplicadas deberían diferir en consonancia con estas variables. La equidad, por tanto, es un aspecto esencial a tener en cuenta, pero si lo que pretendemos ser efectivos, debemos tener presente que, en todo caso, no es lo único a tener en cuenta.

P.D. En relación con la efectividad de los incentivos según las circunstancias como en el caso expuesto en esta entrada, Citoyen publicaba hace poco un vídeo de la economista Esther Duflo en el que precisamente trataba este tema desde el punto de vista de la economía del desarrollo y la lucha para la pobreza. Indispensable. Podéis verlo en su blog aquí.
 

viernes, 14 de mayo de 2010

Fomentar la natalidad a base de subvenciones (I)

Después de una espera que para muchos se ha hecho demasiado (injustificablemente) larga, el Gobierno presentó el pasado 12 de mayo un paquete de medidas para acelerar la reducción del déficit (cónstese la palabra "acelerar", como si el déficit intentase descender por sí sólo y hubiese que darle un empujón). Desde luego, da para hablar largo y tendido sobre su acierto, conveniencia o eficacia. Citoyen, Roger Senserrich y Juan Ramón Rallo las han comentado desde distintos puntos de vista. No creo ni mucho menos que pudiera hacerlo mejor. Sin embargo, sí me gustaría comentar un tema que ha vuelto a salir a la palestra con motivo del anuncio de estas medidas. Se trata de el famoso cheque-bebé. Para quienes todavía no lo tuviesen muy claro, esta normativa establecía como principal medida un pago único de 2.500 € por cada hijo nacido o adoptado a su familia (3.500 € en el caso de familias numerosas). La norma en sí no presentaba nada novedoso ni tampoco en disonancia con otras políticas de fomento de la natalidad vigentes en otros países europeos. Sin embargo, como en este país somos dados a la discusión, en su presentación no faltó la polémica. De hecho, esta norma fue acusada de ser regresiva, uno de los mayores crímenes de planificación fiscal concebibles actualmente.

No obstante, no quisiera hablar de fiscalidad en este momento, más bien de intencionalidad política. No cabe duda que detrás de esta norma se encontraba el deseo de incentivar la natalidad (o adopción) a través de una ayuda económica dedicada especialmente a cubrir parte de los gastos destinados a manutención de los recién nacidos. Como economista (bueno, cuasieconomista), realmente esta es la parte que más me interesa de la norma. Buscamos incentivar la natalidad, ¿estamos usando los medios adecuados? Es aquí donde además entra en escena el carácter regresivo de la medida. Y es que aunque pueda estar cometiendo una herejía en términos de equidad, si buscamos efectividad, afirmo que este tipo de medidas no sólo deben ser necesariamente regresivas, sino que deberían serlo mucho más que los términos en los que la nuestra fue planteada.

Primero, hay que tener presente que una norma con efecto regresivo funciona en ambos sentidos. Si hablamos de un impuesto, nos encontraremos que, efectivamente, las rentas más bajas contribuyen con un porcentaje mayor que las rentas más altas (100 € suponen un 10% de una renta de 1.000 €, pero tan sólo un 1% de una renta de 10.000 €). Sin embargo, lógicamente, si hablamos de una transferencia, la misma cuantía supone igualmente una proporción mayor de ingreso para las rentas más bajas que para las más altas. Las consideraciones sobre su justicia redistributiva son de índole político, no económico.

Ahora bien, teniendo ésto presente, cabe hablar de su eficacia. En este sentido, es esencial introducir un concepto que se antoja bastante intuitivo: la utilidad marginal del dinero. Es bien cierto que la gran mayoría de individuos prefieren tener más dinero a menos, pero cabe plantear lo siguiente: ¿Supone la misma satisfacción ganar 50 € más cuando se tiene un sueldo de 800 €, o cuando se tiene uno de 3.000 €? A medida que aumenta la riqueza, la utilidad experimentada por cada unidad de dinero adicional es decreciente. Este fenómeno es bastante importante, ya que supone entender cómo las personas actuarán ante distintos incentivos dado su nivel de riqueza. Es más, es tenido en notable consideración, por ejemplo, a la hora de aplicar sanciones. Una multa de tráfico de 90 € le amarga el día a cualquiera, pero una persona con una riqueza considerable probablemente prefiera saltarse las reglas si le conviene y después abonar la multa correspondiente. A fin de cuentas, le sale rentable, podría decirse. 

La misma situación podríamos plantearla en el caso del fomento de la natalidad. 2.500 € supone una ayuda significativa para una familia con bajos recursos, pero apenas supone nada destacable para una pudiente. En ese sentido, es probable que 2.500 € sí supongan la diferencia para la primera entre tener un hijo o no (puede que le ayude a mantenerlo o comprar lo indispensable para su cuidado, algo que no podrían hacerlo en condiciones sin la ayuda). Lo mismo puede decirse en el caso de los 3.500 € por familia numerosa (a fin de cuentas, a medida que se tienen hijos, el "deseo" de tener uno adicional es decreciente, de ahí que el pago sea mayor) ¿Cambiará la decisión de tener o no un hijo para las familias con amplios recursos? No, en absoluto. De ahí que si lo que queremos es incentivar la natalidad en el conjunto de la sociedad, por sorprendente que pueda parecer, deberíamos conceder prestaciones mayores a familias con una renta mayor.

Ahora bien, ¿y si lo que queremos es incrementar efectivamente la natalidad saltándonos esta restricción? Fácil. Concedamos la misma ayuda que venía concediéndose hasta ahora, o un poco más, únicamente a las familias con rentas más bajas. Obtendremos el mismo efecto de una forma más eficiente. Eso sí, este procedimiento tendría otras (muchísimas) implicaciones de tipo socioeconómico que podrían no ser del todo o nada deseables. Ahora bien, ¿quién dijo que ésto fuese sencillo?

El riesgo moral en el racionamiento del crédito

En estas últimas semanas, desde luego, no me ha faltado trabajo. A los estudios propios de estas fechas (las únicas en las que los universitarios nos esforzamos, dicen las malas lenguas) se ha sumado la presentación de una buena cantidad de trabajos para todas las asignaturas. Como vengo haciendo últimamente, me gustaría presentaros en esta ocasión el último de ellos, esta vez relacionado con la asignatura de Economía de la Información. Se titula "El riesgo moral en el racionamiento del crédito". El título da a entender que se trata de una temática complicada, o eso parece, ¿no? Pues bien, no es para tanto.

El riesgo moral es un concepto ampliamente utilizado en la ciencia económica, especialmente cuando hacemos referencia a problemas de información asimétrica, y más comúnmente, en presencia de contratos de seguros. En un sentido amplio, se define como una asimetría de información que surge cuando para una de las partes se hace imposible verificar el cumplimento de alguna o varias de las claúsulas contractuales por la otra parte. Por ejemplo, en un contrato de trabajo, el empleador podría establecer que le pagará al empleado en función de su esfuerzo. ¿Cómo puede la empresa verificarlo? Surge así un problema de riesgo moral, pues en ausencia de medios de verificación, la parte contratada en este caso tendría incentivos a incumplir parte o la totalidad del contrato y aun así reclamar su vigencia. No es el único caso. Supongamos que un conductor contrata un seguro de accidentes. Obviamente, el conductor no tiene intención de tener ningún accidente, lo cual implica la adopción de un determinado comportamiento en carretera y la adopción de las medidas preventivas que estén a su alcance. Ahora bien, ¿cómo puede comprobar la compañía aseguradora que tal hecho efectivamente se produce? Además, si el conductor sabe que en caso de accidente recibirá una indemnización, el riesgo asociado a sufrir un accidente se reduce ampliamente. ¿Tomará este conductor las mismas medidas para prevenirlos que en el caso de que no tuviese ningún seguro contratado? Nuestra intuición parecería indicarnos que no, y la realidad así parece confirmarlo. De hecho, éste es precisamente uno de los principales problemas asociados al riesgo moral: el incentivo de las conductas que generan los daños que precisamente quieren evitarse mediante el contrato en cuestión. ¿Cómo es posible? Aunque no quisiera entrar en detalle, hay que tener presente que todo daño lleva asociado en esencia dos variables: su gravedad, y la posibilidad de que éste suceda. No es lo mismo hablar de un accidente de avión (gravedad terrible, probabilidad mínima), que de un accidente de un niño montando en bicicleta (gravedad nimia, probabilidad altísima). Un seguro de conducción precisamente reduce la gravedad (al introducir una seguridad en la indemnización) lo que precisamente puede llevar a relajar las medidas de precaución (aumentando así la probabilidad de que suceda el accidente), precisamente hasta el punto en que la percepción del "riesgo" por parte del conductor sea igual a la que tenía antes del seguro. En este último punto, todo suele depender de la percepción y aversión al riesgo por parte del que contrata el seguro (y los hay de los más variopintos, todo sea dicho).

Por otro lado, el trabajo que os presento introduce otro concepto, en este caso relacionado con el mundo de las finanzas. Se trata del racionamiento del crédito, que se define como la denegación de créditos a particulares a pesar de que éstos estuvieran dispuestos a aceptar todas las claúsulas que se determinasen. ¿Por qué una entidad financiera rechazaría conceder créditos a personas dispuestas a aceptar todas las condiciones? Precisamente por el problema del riesgo moral que hemos comentado anteriormente. Cuando se firma la concesión de un crédito, la única de las partes que sabe a ciencia cierta si podrá hacer frente o no al pago es el prestatario. La entidad financiera puede disponer (y de hecho dispone) de información sobre su cliente, pero aún así es incapaz de conocer todas y cada una de las circunstancias de las personas, ni en última instancia, de verificar el comportamiento del cliente, y valorar si éste conducirá a una mayor o menor solvencia por su parte. Se muestra entonces cómo el riesgo moral tiene importantes consecuencias tanto en la cobertura del crédito como en la concesión de créditos por parte de las entidades financieras, y éste último aspecto, concretamente, no deja de ser uno de las temas más manoseados en la actualidad con motivo de la crisis económica. No está de más, por tanto, intentar ahondar en su comprensión, sus causas y, dado el caso, los mecanismos que se establecen para intentar contrarrestar el riesgo moral que lógicamente tiene asociado.


En cualquier caso, espero que el trabajo resulte de vuestro agrado. Si os interesa, podéis descargarlo aquí. No es excesivamente complicado, pero abunda en formalizaciones y un lenguaje un tanto técnico que probablemente deje al margen a personas ajenas a la materia. Soy consciente de ello, y por eso, desde mi más humilde posición (y escaso conocimiento del tema), no puedo hacer más que ofrecer para intentar aclarar cualquier duda que podáis tener sobre el tema. También acepto críticas, cónstese.

miércoles, 12 de mayo de 2010

El cambio de base de la renta al consumo: la propuesta de "flat tax" de Hall y Rabushka

Los economistas tienen una percepción generalizada de que el modelo tributario de los países desarrollados no es eficiente. Qué reformas habrían de emprenderse para intentar corregir esta situación, y en su defecto seguir garantizando la equidad que es inherente al sistema, es una cuestión que suscita menos consenso entre los académicos. A pesar de todo, podríamos decir que las propuestas se mueven alrededor de alguno de (cuando no todos) estos tres ejes principales: 1) La simplificación de las figuras tributarias, eliminando toda la maraña existente de deducciones, bonificaciones y exenciones; 2) La introducción de un tipo único para todas las figuras impositivas; y 3) El cambio de la base imponible de la renta al consumo.

Aunque es un tema más que interesante además de enormemente amplio, no soy especialmente entendido en materia fiscal. A pesar de todo, como economista (bueno, cuasieconomista) alguna idea tendría que tener sobre el tema. No quiero tratarlo en esta entrada en detalla, pero sí quisiera ofreceros la presentación que desarrollé y luego tuve que exponer junto a algunos compañeros para la asignatura de Economía Pública. En ella se muestra cuáles son las principales críticas que se realizan al impuesto tradicional sobre la renta, qué es un impuesto progresivo sobre el consumo, la propuesta tributaria del "flat tax" de Hall y Rabushka y, como añadido, una pequeña disertación sobre el tratamiento de las herencias en este impuesto en particular. 

Se trata en todo caso de una presentación, y aunque contiene algo de información, no esperéis encontrar una explicación detallada sobre este tema. En cualquier caso, me gustaría compartirlo con vosotros. Si tenéis alguna duda al respecto, ya sabéis, preguntad. Aunque no sea el más indicado, trataré de responder vuestras dudas siempre que sea posible.



P.D. En internet hay una buena cantidad de recursos que explican detalladamente en qué consiste la propuesta de "flat tax" de Hall y Rabushka. No obstante, si estáis interesados en el tema, os adjunto un paper que escribió un profesor mío que es toda una eminencia en la Universidad Carlos III de Madrid, Javier Ruiz-Castillo, para analizar la posibilidad de aplicar este impuesto desde una perspectiva más "socialdemócrata" cuando trabajó como asesor electoral para el PSOE en las últimas elecciones. De ahí que pueda denominarse "extended flat tax" por las novedades que incorpora, especialmente en lo referido al tratamiento de las herencias y donaciones otorgadas y recibidas. Está escrito en un lenguaje mucho más técnico, pero a los economistas (o al menos legos en la materia) les resultará probablemente más interesante. Podéis descargarlo aquí.
 

martes, 11 de mayo de 2010

La reforma laboral sí altera la demanda de trabajo

Cómo debería articularse una reforma laboral en España es uno de los temas más candentes de la actualidad. Sin ir más lejos, en los comentarios de esta entrada en el blog de Citoyen, uno de sus comentaristas, Rafael Monreal (a quien agradezco enormemente sus aclaraciones sobre la NAIRU, todo sea dicho), afirmaba lo siguiente a propósito del paro y la tan clamada reforma laboral:

"(...) No podemos olvidar lo fundamental: el trabajo es un factor sometido a la oferta y la demanda. Y la demanda de trabajo no depende de una reforma laboral, excepto en el caso en que la reforma hace aflorar a los trabajadores en negro. Es decir, si en España un 20% de la economía es en negro, podemos de manera simplificadora pensar que hay un 20% de demanda de trabajo en negro y un 20% de oferta de trabajo en negro. Si la reforma laboral saca a la luz a ese 20% de demanda en negro, sacará también un 20% de oferta de trabajo en negro. La tasa de paro oficial no disminuirá pero aumentarán el número de trabajadores cotizantes" (énfasis añadido).

Como podéis ver en mi respuesta, no estoy del todo de acuerdo. El fenómeno que describe Rafael es cierto, pero sólo en parte. Aunque esta entrada de Citoyen debería serviros tanto de aclaración como guía (de forma bastante mejor explicada que la mía), voy a intentar ilustrar la parte que me corresponde por mi réplica de forma más didática, así que remitámonos a algunos conceptos básicos. En este caso, al mercado de trabajo, y con ello, a la interacción de sus funciones de oferta y demanda.


La curva de oferta de trabajo (trabajadores) está representada en color azul. La curva de demanda de trabajo (empresas) está representada en magenta. En la intersección de ambas se encuentra el punto de equilibrio en el mercado del trabajo (en el que se relacionan un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio). En este caso concreto, el equilibrio muestra la coincidencia entre la disposición a trabajar/contratar para un mismo precio. Aunque en este caso prescindiré de explicaciones más detalladas sobre el carácter especial de este mercado, basta comprender que, en líneas generales, la interacción entre la curva de oferta y demanda es similar en este mercado tanto como en cualquier otro.

Así, teniendo ésto presente, pasemos a la réplica. En primer lugar, supongamos que, en un acto de arbitrariedad jurídica nunca vista, todos los trabajadores irregulares de este país pasasen al mercado oficial de trabajo (sin alterarse nada más, es decir, manteniendo las mismas "claúsulas contractuales" que tenían cuando eran irregulares). ¿Cuál sería el resultado en la demanda de trabajo? Efectivamente, como dice Rafael, ninguno. Si las empresas demandaban 800 trabajadores cuando mantenían en su plantilla efectivamente trabajando a otros tantos irregulares, ¿qué cambiará en sus necesidades de contratación el que los trabajadores que ya tenía trabajando y por tanto les pagaban, pasen a ser regulares o no? Si no cambia nada más aparte del hecho de regularidad/irregularidad, tampoco cambiará en absoluto la función de demanda de las empresas.

En ese sentido, Rafael está en lo cierto y su ejemplo se corresponde con el que acabo de exponer; pero ambos únicamente se cumplen cuando, efectivamente, la estructura de costes de la empresa no se ve alterada, como sería el caso de un simple cambio nominal como el anterior. Sin embargo, si una reforma laboral incide en esa misma estructura de costes (rebajando las cotizaciones sociales o los costes de contratación, por ejemplo) entonces la función de demanda laboral sí que se ve afectada. Esto se reflejaría, básicamente, como un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda de trabajo (en líneas discontinuas), como se muestra a continuación.


No obstante, respecto a esta explicación surgen dos pegas (no, una de ellas no es lo rematadamente mal que me salen las gráficas a veces). La primera de ellas es, ¿cuánto se desplazará la curva de demanda de trabajo hacia la derecha? En principio, no podemos saberlo, con lo cual podemos encontrarnos ante múltiples escenarios (inclusive el que comentaba Rafael, que no cambie absolutamente nada). ¿Cómo afectan estos cambios al desempleo? Supongamos que la oferta de trabajo se sitúa efectivamente en el mercado sobre el punto negro que está dibujado sobre su respectiva curva. En palabras, implicaría que en el mercado de trabajo hay 1.500 trabajadores dispuestos a trabajar, pero sólo si les ofrecen 800 € de salario. Obviamente puede comporbarse que sus deseos no son coincidentes con los de las empresas, que a ese precio sólo podrían permitirse contratar a unos 300 trabajadores. Como resultado, tenemos un exceso de oferta (o escasez de demanda) de 1.200 trabajadores; o en otras palabras, en el mercado hay 1.200 trabajadores más que los que desean contratar las empresas, es decir, habrá desempleo. El desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha reduce progresivamente esa diferencia entre la demanda y oferta de trabajo, acercándose cada vez más al punto en el que podría permitirse contratar a los 1.500 trabajadores por los 800 € que reclaman. ¿Es la única forma? No, desde luego. Haya o no desplazamientos, los trabajadores podrían bajar sus exigencias salariales, de forma que se aproximasen ellos a los deseos de contratación de la empresa. Es más, puede que ante un aumento de la demanda se produzca un "estímulo" por la información de que las empresas están contratando nuevos empleados y sus exigencias salariales bajen ante la única alternativa posible, y nada agradable, de seguir en paro. 

Como decía, pueden darse múltiples escenarios, y es más, no podemos conocer a priori ninguno de ellos con seguridad. A pesar de todo, creo que sí queda demostrado que una reforma laboral que incida en el lado de los costes de las empresas sí tiene efectos positivos tanto en el mercado de trabajo como, en consecuencia, sobre el desempleo. Y, sobre todo, un apunte muy importante. Ni el desempleo se debe única y exclusivamente a la demanda de trabajo ni, por consiguiente, las políticas activas de empleo deben fijarse únicamente en ese lado del mercado laboral. La oferta de trabajo, y la posibilidad de interacción entre ésta y la demanda de trabajo a fin de alcanzar el "equilibrio", son igualmente importantes, y por eso mismo deben quedar ante la misma consideración de las políticas de empleo que pretendan emprenderse. Si no es así, no sólo podemos estar seguros de que no remediaremos la situación, sino que además, lo poco que consigamos no dejará de ser un mero parche que a buen seguro tendremos que remendar algún día.

P.D. Espero que, en cualquier caso, esta entrada no moleste a Rafael Monreal, cuyo comentario me ha servido de excusa para publicarla. No se trata de una réplica directa ni en ningún caso de algún tipo de ataque. Más bien, una forma de demostrar que, tanto en lo que se está de acuerdo como en lo que no, aunque sea de forma puntual, uno siempre puede aprender de los demás. Yo, al menos, lo intento ;)
 

martes, 4 de mayo de 2010

La función de demanda (II): excedente del consumidor

En esta entrada, y en consonancia con las anteriores, vamos a tratar de presentar un concepto súmamente importante en el análisis de la función de demanda: el excedente del consumidor. Éste se define como la ganancia neta que experimentan los consumidores en función de su disposición máxima a pagar y el precio efectivo en ese mercado.¿Cómo lo calculamos? Para entenderlo mejor, recuperemos nuestra gráfica de la función de demanda:


Supongamos que en el mercado de refrescos de cola una lata de refresco vale de media 1,25 €. Nuestra función de demanda nos indicaría entonces que 986 individuos (en nuestra encuesta estimábamos 1.000) estarían dispuestos a comprar. Recordamos a su vez que esta cantidad incluye tanto los consumidores que estarían dispuestos a pagar "como mucho" 1,25 € y también aquéllos que, al estar dispuestos a pagar un precio máximo mayor, también están dispuestos a pagar éste que es menor. Obviamente, los consumidores que "como mucho" estaban dispuestos a pagar 1,25 € no se llevan ninguna alegría ante el precio del mercado. Es más, probablemente sean de los que digan: "Los fabricantes de refrescos pueden estar agradecidos de que les compremos latas a este precio. Como suba lo más mínimo, pueden estar seguros de que dejaremos de comprarles". Sin embargo, muchos otros consumidores hubieran estado dispuestos a pagar un precio mayor por conseguir una lata de refresco, y el hecho de que el precio efectivamente sea más bajo si les supone toda una alegría

Ahora bien, ¿cómo podríamos estimar esa "satisfacción" experimentada por los consumidores ante precios más bajos de los que hubiesen estado dispuestos a pagar como máximo? En esencia, podemos hacerlo calculando el área que queda comprendida entre el precio efectivo y el precio máximo declarado debajo de la función de demanda. Los que sepan algo de matemáticas ya se habrán percatado de que, en definitiva, hablamos de calcular una integral definida para el intervalo definido por el precio efectivo y el precio máximo, como decíamos antes. En nuestro ejemplo, el precio máximo es el se relaciona con una demanda nula (de ahí que lo incluyésemos en la entrada anterior) y que se corresponde en nuestra función con 3,20 € (en nuestra encuesta, 3,25 €). Gráficamente:


En términos númericos, obtendríamos que el valor del área sombreada en la gráfica es apróximadamente de 558. Este valor, en realidad, puede considerarse la "utilidad" ganada por los consumidores ante la diferencia entre el precio efectivo y el precio máximo que habrían estado dispuestos a pagar. Aunque en abstracto no parece decirnos demasiado, su potencial se hace patente en las comparaciones. Así, supongamos ahora que el precio efectivo en el mercado de refrescos de cola es de 1,75 €. La nueva situación sería la siguiente:


En este caso, el área sombreada en la gráfica valdría apróximadamente 212, con lo cual se aprecia claramente una pérdida en el excedente del consumidor o en la "utilidad" experimentada por los consumidores en el mercado. Es decir, si los precios de las latas de refresco de cola suben de 1,25 € a 1,75 € los consumidores pasarían a perder 558-212 = 346 unidades de "utilidad" o "satisfacción", o también podríamos decir que ésta se reduciría un 62 % (en términos reales, y como puede verse en la gráfica, se traduciría en que casi 500 consumidores dejarían de estar dispuestos a comprar, con lo que la pérdida del excedente es equivalente a la "utilidad" que esos consumidores experimentaban). Consideremos un caso más y supongamos ahora que los precios de las latas de refresco de cola suben hasta 2,25 €. En tal caso:


Ahora, el excedente del consumidor sería tan sólo de 66. Por tanto, la "pérdida" experimentada por los consumidores al pasar de un precio de 1,25 € a 2,25 € sería en total de 558-66 = 492, o en otras palabras, un 88 %; lo cual, incluso teniendo presente el caso anterior, no es nada desdeñable.

La comparación entre distintos excedentes del consumidor nos permite hacernos una idea sobre cuál es la posición relativa de los consumidores en un mercado. Ante un excedente del consumidor elevado, podemos suponer que los consumidores se encuentran en una buena posición (bien porque los precios no son elevados, bien porque su disposición máxima a pagar es elevada, lo cual podría llevarnos a pensar que los consumidores tienen un elevado poder adquisitivo). Los problemas pueden aparecer cuando observamos descensos en ese excedente del consumidor, ya que ello puede deberse tanto a subidas en los precios como a un descenso en la renta de los consumidores (lo que les lleva a estar dispuestos a pagar menos por cada producto). Este concepto, si bien es central en la Microeconomía, recoge especial importancia bajo el análisis de la Economía Pública, disciplina que, entre otros objetivos, persigue la maximización de este excedente del consumidor en los mercados.

Aclarado este concepto, quiero resaltar un hecho que he mencionado previamente, y es que el excedente del consumidor generalmente desciende ante subidas en los precios. Sin embargo, estos descensos no son proporcionales. Sin ir más lejos, vemos como ante una subida de los precios de 1,25 € a 1,75 € el excedente del consumidor se reducía en un 62 %, mientras que ante una subida de 1,75 € a 2,25 € éste ahora se reduciría un 68 %. Éstas diferencias se deben a la forma que tenga la curva dibujada por nuestra función de demanda, y a su vez, guardan una íntima relación con otro concepto que trataremos en la siguiente (y de momento última) entrada de esta serie: la elasticidad-precio de la demanda.

lunes, 3 de mayo de 2010

La función de demanda (I bis): aclaraciones

Siguiendo el hilo de la entrada anterior, he considerado pertinente realizar algunos cambios en el ejemplo que sirvió de base a toda mi argumentación anterior, principalmente para facilitar cálculos posteriores y hacer así más sencilla la comprensión de los resultados. En concreto, tengo intención de:

1) Añadir una nueva entrada a la tabla de valoración contingente para recoger el caso de demanda nula (lo cual facilitará enormemente el cálculo más adelante);  

2) Transformar la demanda muestral del ejemplo anterior en la demanda total de mercado
(evitando referencias indirectas a esta última cuando es precisamente la que más nos interesa); y

3) Pasar de una demanda discreta
(en la que se relaciona la predisposición máxima al pago con sus respectivos consumidores declarantes exclusivamente) a una demanda acumulada (en la que la que cada predisposición máxima al pago integra la precedente).

Así pues, en primer lugar, os presento una nueva tabla en la que se recoge, además de la información presentada en la entrada anterior, tanto el valor que se asocia a una demanda nula (3,25 €) como su transformación a una demanda acumulada, en la que las cantidades correspondientes a la población total han sido estimadas guardando la proporción con respecto a los datos recogidos en nuestra hipotética encuesta.


La razón para añadir una entrada que refleje una demanda nula, como dije antes, está relacionada con facilidades en el cálculo (que aunque no quiero adelantar, tendréis ocasión de comprobar en próximas entradas). Del mismo modo, pasar de la demanda muestral a la demanda poblacional se debe a una cuestión de comodidad (es la que realmente nos interesa, ya que la demanda muestral es sólo un procedimiento intermedio con el que poder estimar la demanda total de la población). Por su parte, la decisión de trabajar con una demanda acumulada en vez de con una discreta tiene que ver con razones tanto prácticas como ilustrativas. Al dibujar una función de demanda discreta, relacionamos cada precio con el número de individuos que han revelado estar dispuestos a pagar dicho precio como máximo por una cantidad concreta del bien en cuestión (por ejemplo, 200 consumidores estarían dispuestos a pagar "como mucho" 1,50 € por una lata de refresco de cola, pero no más). Surge entonces la posibilidad de confusión, porque, ¿quiere eso decir que los individuos que hubieran estado dispuestos a pagar un precio mayor no estarían también dispuestos a pagar un precio más bajo? Obviamente sí, pero si disponemos la función de demanda de forma discreta se hace confuso transmitir esa información. No obstante, este inconveniente puede solventarse pasando a trabajar con una demanda acumulada, dado que con cada precio se relaciona el total de individuos que estarían dispuestos a pagarlo, ya sea porque es el precio máximo que estarían dispuestos a pagar, ya sea porque estarían dispuestos a pagar un precio mayor a ese (y por consiguiente, resulta lógico que si el precio es efectivamente menor al que incluso hubieran estado dispuestos a pagar, salgan "ganando" con la nueva situación, algo que adelanta en cierta medida el concepto de excedente del consumidor que se expondrá en la siguiente entrada).

Por tanto, conjugando todos los cambios realizados y efectuando nuevas regresiones (y para reducir el margen de error frente al nuevo dato introducido, he preferido realizar una regresión de tercer orden, como podéis ver más abajo), tendríamos como resultado la siguiente función de demanda, presentada tanto en su forma directa (que es con la que más trabajaremos en un futuro) como inversa, cuyas gráficas serían las siguientes:



Aprovecho además esta entrada para comentar las principales diferencias entre la función directa de demanda y su inversa. Denominamos así a la función directa de demanda precisamente porque consideramos que, por regla general, en un mercado los consumidores son precio-aceptantes (un consumidor por lo general no llega a una tienda, por pequeña que sea, y se pone a regatear el precio de los productos con el comerciante). De ahí que sean los precios las variables que calificamos como "independientes" mientras que las cantidades demandadas se sitúan en función de los mismos. Sin embargo, ¿por qué la gráfica de la función inversa de demanda nos resulta muchísimo más familiar a los economistas? En verdad, se debe a pura convención. En los inicios de nuestra ciencia, los primeros economistas basaron sus explicaciones en el comercio de commodities (bienes homogéneos como cereales, minerales, metales preciosos, etc.), especialmente agrícolas, en los que las diferencias entre distintas cosechas o el descubrimiento de nuevas vetas en el caso de los minerales (todos cambios asociados a la cantidad del producto) parecían determinar la variación de los precios en una u otra dirección. De ahí que los ancestros de nuestra profesión considerasen que era la cantidad existente de un producto en el mercado la que determinaba los precios y no al revés. A día de hoy sabemos que la causalidad sigue un orden inverso al que los primeros economistas consideraban, pero como en tantas otras ocasiones, las tradiciones, convenciones o inclusive la simple pereza, han propiciado que sea la gráfica de la función inversa de demanda, más allá de la teoría, la que siga empleándose de forma habitual.