lunes, 25 de octubre de 2010

Entrevista a Robert Lucas en Libertad Digital

Acerca de Robert Lucas, Premio Nóbel de Economía en 1995, podrían escribirse varias entradas, y en verdad, pocas les harían justicia. Sus aportaciones van desde el desarrollo de la macroeconomía recursiva, a través de técnicas computacionales para evaluar la teoría, hasta numerosas e interesantes aportaciones a la teoría del crecimiento económico; sin olvidar, cómo no, su participación fundamental en el establecimiento de la teoría de las expectativas racionales, tan fructífera para la macroeconomía actual. 

No dispongo de demasiado tiempo estos días (las obligaciones académicas, entre otras, me dejan poco tiempo disponible), pero quisiera recomendaros esta entrevista que le hacen desde Libertad Digital con motivo de la conferencia que impartió el pasado jueves 21 de octubre en la Fundación Rafael del Pino (a la que un servidor asistió, cómo no, ¿quién se perdería a un nóbel?). No puede decirse que la entrevista sea demasiado profunda, ni tampoco que abunde en tecnicismos o en las aportaciones del insigne economista, pero al menos ofrece unas pinceladas sobre sus opiniones en torno a la reciente crisis económica actual (y sus visos de recuperación) en los EE.UU. Nunca está de más (ni siquiera ante la insistencia en la visión austriaca que mantiene el periodista, cónstese). 

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"Free to Lose", de John E. Roemer (IV): materialismo histórico

En las entradas anteriores de esta serie nos hemos dedicado a exponer, de una forma bastante detallada, el concepto de explotación de Roemer, con mucho el más importante dentro del libro. No obstante, quisiera dedicar la presente a mostrar un aspecto que, si bien de forma subsidiaria, enlaza con la reformulación de la teoría económica marxista que hace el autor: qué puede entenderse por materialismo histórico, como teoría de la historia y de la evolución social, desde una perspectiva marxista.

Así, Roemer toma posición junto a la interpretación de su colega G. A. Cohen., quien reformuló (o más bien deberíamos decir que formuló de manera rigurosa) el materialismo histórico marxista. Desde esta óptica, las relaciones de producción son relaciones de poder económico. Los individuos pueden tener o no poder sobre los medios de producción, lo que incluye los propios medios físicos de producción (o capital) y su propia fuerza laboral. Un siervo feudal no tiene ningún poder respecto a la tierra que detenta, que pertenece al señor, ni tampoco posee un control total sobre su propio trabajo, ya que éste puede ser dispuesto por el señor para el trabajo de sus tierras y para el mantenimiento o mejora de las tierras comunales o las infraestructuras del feudo. Por contra, un proletario bajo el capitalismo, aunque sigue sin tener ningún control de los medios de producción, sí posee un control total sobre su fuerza laboral, de la cual puede disponer y emplearla como quiera, al menos legalmente. La visión ideal del comunismo tiene al trabajador como propietario al mismo tiempo de los medios de producción y de su fuerza laboral.

La estructura económica se define como la totalidad de relaciones de producción. La forma de la estructura económica, ésto es, si la sociedad se organiza como feudal, capitalista, comunista, etc., es la consecuencia del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, o en otras palabras, del desarrollo tecnológico. La primera afirmación del materialismo histórico es que las estructuras económicas existentes no son la consecuencia de ideas políticas o nociones religiosas, sino que de hecho cada estructura económica se ajusta al nivel de desarrollo tecnológico de su época. En Europa Occidental, el feudalismo proveyó en su momento la forma más eficiente de organización económica, dado el desarrollo tecnológico presente tras la caída del Imperio Romano, pero a la larga se mostró insuficiente a la hora de dar cabida a las innovaciones tecnológicas que tuvieron lugar en los medios de producción. El capitalismo como forma de organización, en su desafío por dar cabida a tales innovaciones (en sentido legal, ideológico y social) resultó victorioso, precisamente por el hecho de resultar más eficiente. En esta línea, el materialismo histórico reconoce a su vez que el capitalismo ha dejado de resultar viable para ajustarse al desarrollo tecnológico presente y sólo el comunismo es capaz de afrontar éste de forma eficiente. En otras palabras, el capitalismo es una situación subóptima desde el punto de vista de la eficiencia dado el nivel de desarrollo tecnológico existente, al igual que en su momento lo fueron el esclavismo o el feudalismo. 

La segunda afirmación más importante del materialismo histórico tiene que ver con la relación entre la estructura económica y la superestructura política y legal, que se refiere a la forma política del Estado y a las leyes destinadas a garantizar y proteger los derechos de propiedad. Así, las leyes y las políticas que observamos no son más que el resultado después de la pugna entre estructuras económicas alternativas, toda vez que una de ellas sale victoriosa y se establece de forma efectiva. La superestructura implementa lo que requiere la estructura económica., requeridas a su vez por las fuerzas productivas subyacentes a la misma.

En resumen, podemos enumerar tres tesis sostenidas por el materialismo histórico: 1) Las fuerzas productivas tienden a desarrollarse independientemente de la voluntad de los agentes, pero este desarrollo es de alguna forma consecuencia de las acciones que cada uno de los agentes realiza intentando mejorar su situación. 2) Las relaciones sociales de producción (o estructura económica) pueden explicarse por su eficacia a la hora de organizar la actividad económica bajo un desarrollo tecnológico dado. 3) La superestructura política y legal es explicada por sus efectos a la hora de estabilizar y legitimar la estructura económica existente.

Desde este punto de vista, la revolución, en sentido marxista, no puede verse más que como una consecuencia muchas veces necesaria en la pugna entre las distintas formas organizativas de la actividad económica, o en otras palabras, entre diversas estructuras económicas. Supongamos el desarrollo de los acontecimientos de forma esquemática. Primero nos encontramos ante una estructura económica concreta, pongamos, el feudalismo. Las relaciones de producción se definen bajo las categorías del señor y sus vasallos, en las que todos los medios de producción son propiedad del señor y en los que el vasallo no es por entero dueño de su propia fuerza laboral, a pesar de lo cual éste posee un cierto aunque asimétrico poder económico frente al señor. El desarrollo tecnológico (traigamos ahora a nuestra mente artilugios tan banales pero innovadores en su momento como la collera, el arado de vertedera, la rotación de cultivos, el desarrollo de las ciudades o las armas de pólvora) hacen que, a la larga, este tipo de relaciones de producción se vuelvan totalmente ineficientes para sobrellevar las consecuencias que estas innovaciones tecnológicas tienen sobre la sociedad. Así, el crecimiento económico derivado del output creciente en la agricultura dados los avances en artilugios y técnicas de cultivo habrían sido incapaces de reinvertirse de forma eficiente bajo el feudalismo, o al menos de forma cada vez más divergente. El desarrollo de las ciudades y el consiguiente aumento del comercio llevó a una pérdida relativa del poder económico de los señores cada vez mayor, algo que además se agravó bajo el descubrimiento de las armas de pólvora, que dotaron de un nuevo medio de defensa o ataque a las ciudades frente al tradicional método guerrero de los señores, basados en la caballería y las levas campesinas y en el empleo de los castillos como medios de defensa y de organización coercitiva de la vida comunal. Todas estas consecuencias provocaron una divergencia cada vez más creciente entre la situación real de la economía y su caracterización legal., pero las leyes y políticas seguían legitimando y defendiendo mdiante el empleo de la coacción estatal las antiguas relaciones productivas, ya desafasadas o caducas. La revolución, en muchos casos violenta, se constituye así únicamente como un medio para eliminar tales barreras legales y ajustar de forma coherente la superestructura a la estructura económica realmente existente. A modo de ejemplo, el propio Tocqueville declara a propósito de la Revolución Francesa de 1789, en su obra El Antiguo Régimen y la Revolución, que: "Una cosa sorprende a primera vista: la Revolución, cuyo objeto propio consistía, como hemos visto, en abolir por todas partes el resto de las institucioens medievales, no estalló en los países en que estas institucioens, mejor conservadas, se hacían sentir al pueblo con más fuerza en su rigor, sino por el contrario, en aquellos en que éste se percibía menos; de suerte que su yugo pareció más insoportable donde en realidad era menos pesado" [1]. O en otras palabras, la Revolución Francesa se dio precisamente en Francia porque era allí donde la superestructura había alcanzado frente a la estructura económica su mayor grado de divergencia. De ahí que, a pesar de la tradición institucional y del aparente poder del Estado francés, la situación fuese bastante más apta para el inicio de una revolución, y también para su éxito y legitimación posterior.

[1] Alexis de Tocqueville, "El Antiguo Régimen y la Revolución" (1856, pág. 54). La edición en castellano que tengo yo concretamente es la de Alianza Editorial (2004). ISBN: 84-206-5561-8. Como nota al margen, tanto por sus escritos como por las conclusiones que de ellos se desprenden, en muchos sentidos consideraría a Tocqueville como el verdadero creador del materialismo histórico en cuanto al reconocimiento de sus factores esenciales y de las causas que motivan el cambio social. En cualquier caso, y más allá de identificar posibles antecedentes intelectuales, a Marx le corresponde por entero la labor de haberlo formulado dentro de un marco analítico completo y con pretensión de generalidad.

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martes, 19 de octubre de 2010

"Free to Lose", de John E. Roemer (III bis): clase, riqueza y explotación

Siguiendo con la entrada anterior, hemos visto la correspondencia que Roemer establece primero entre riqueza y clase social, y después, entre clase social y explotación, para las que formula sendos teoremas. Cabe reconocer la sencillez, pero a la vez efectividad, de las matemáticas que el autor usa en su proceso de formalización, especialmente en sus demostraciones. No obstante, más allá de su consistencia lógica, cabría preguntarnos, ¿realmente estos dos teoremas se cumplen siempre? La pregunta nos hace remitirnos a los supuestos iniciales. Consideremos, una vez más, el siguiente ejemplo de Roemer:

Supongamos dos agentes, Adam y Karl, un bien, maíz, y dos factores productivos, trabajo y maíz (capital), igual que en el ejemplo de la entrada anterior. Las preferencias de los agentes, que están en función del maíz consumido y del trabajo, en este caso se definen como:

Karl prefiere (⅔,0) a (1,1)
Adam prefiere (3⅓, 4) a (3,3)

Las tecnologías de producción son nuevamente la Fábrica y la Granja, que a modo de recordatorio se definen como:

Granja: 3 días de trabajo + 0 semillas → 1 unidad de maíz
Fábrica: 1 día de trabajo + 1 semilla → 2 unidades de maíz, brutas, o 1 unidad, neta

La distribución de las dotaciones iniciales es desigualitaria: Adam posee 3 uds. de capital, Karl posee sólo 1 (por lo demás, los dos agentes son en este caso idénticos). Asumamos, como siempre, que los dos desean reponer su stock de capital para el final de la semana (de forma que a la semana siguiente comiencen con las mismas dotaciones iniciales). ¿Cuáles son las posibilidades? Cada uno podría trabajar de forma autárquica. En ese caso, Karl conseguiría la cesta (1,1), trabajando su 1 ud. de capital en la Fábrica en 1 día, produciendo así 1 ud. de maíz, neta. Adam conseguiría la cesta (3,3) de la misma forma. No obstante, ambos pueden hacerlo mejor. Supongamos que Karl ofrece contratar a Adam a un salario real de w = ⅓ ud. de maíz por día (este salario es el competitivo, como concluímos en los ejemplos de las entradas anteriores). Así, Karl contrata a Adam para que trabaje su 1 ud. de capital (de Karl) y paga a Adam w = ⅓, quedándose con un beneficio de ⅔ uds. de maíz. Adam ya ha trabajado por su cuenta 3 días para obtener 3 uds. de maíz, netas. Además, el trabaja para Karl 1 día al salario anunciado, con lo cual al final de la semana logra obtener la cesta (3⅓, 4), mientras que Karl obtiene la cesta (⅔,0). Este resultado es Pareto superior al obtenido en un estado de autarquía, según las preferencias de los agentes que hemos definido para este ejemplo. Siendo algo más precisos sobre sus preferencias, esta situación de hecho puede constituir un equilibrio entre Karl y Adam. Nótese que en este equilibrio Karl está explotando a Adam; Karl no trabaja en absoluto y vive del trabajo de Adam. Este proceso puede repetirse a lo largo de las semanas. Sin embargo, Karl es el pobre y Adam es el rico. De esta forma, el análisis de la explotación falla a la hora de reflejar la desigualdad inicial en la posesión de los medios de producción (o en un sentido amplio, de las dotaciones iniciales).

Este ejemplo muestra que la correspondencia entre explotación y riqueza establecida anteriormente aquí no se cumple, dado que los agentes no poseen preferencias de subsistencia. El Teorema de Correspondencia Clase-Explotación sí se sigue cumpliendo (Karl es quien contrata trabajo y Adam es quien lo vende, luego Karl explota a Adam, como señala el ejemplo), y de hecho, Roemer afirma que su cumplimiento es independiente de las preferencias de los agentes. Sin embargo, el Teorema de Correspondencia Clase-Riqueza es sólo contingentemente cierto, es decir, depende del tipo de preferencias que posean los agentes. A pesar de todo, Roemer asegura que, al margen de este ejemplo, el teorema es válido para un rango amplio de preferencias (salvo que éstas sean demasiado extravagantes).

Ante esta situación, Roemer concluye que el análisis de la explotación no debería constituir el centro de atención de la teoría económica marxista, en tanto en ciertas circunstancias puede no reflejar correctamente una distribución inicial desigualitaria y, por tanto, puede llevar a equívocos a la hora de juzgar su carácter éticamente reprobable o el de sus causas previas (que, a fin de cuentas, es el objetivo último de su teoría). En esta línea, el autor aporta una nueva definición de explotación, menos técnica pero más genérica, en la que establece que un agente sufre explotación si su utilidad presente es menor comparada con aquélla que obtendría en una situación en la que se parte de una distribución igualitaria de las dotaciones iniciales. Obsérvese que esta definición, genérica, puede aplicarse para todos los tipos de explotación que vimos anteriormente. No obstante, este enfoque es contrafactual, pues las conclusiones que podamos extraer dependen de cómo representemos esa supuesta situación igualitaria que nos servirá de marco de comparación.

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lunes, 18 de octubre de 2010

"Free to Lose", de John E. Roemer (III): clase, riqueza y explotación

En la anterior entrada nos dedicamos a desarrollar una serie de ejemplos que mostraban como la explotación, en sentido técnico, podía surgir a través del proceso de mercado. En esta línea, extrajimos dos conclusiones. Primero, que la explotación siempre aparece ante una distribución desigualitaria de las dotaciones iniciales entre los agentes de una economía. Segundo, la explotación no siempre es reprobable, de hecho, sólo lo es si las condiciones previas que dan pie a una distribución desigual de esas dotaciones iniciales son reprobables. Ésto es así porque, como vimos en el último ejemplo, incluso ante una distribución igualitaria de capital entre nuestros dos agentes representativos, la explotación aparecía, esta vez motivada por una diferencia entre tasas de preferencia temporal. Si esas tasas de preferencia temporal tienen una explicación causal (por ejemplo, motivada por el ambiente familiar o social, o por el tipo de educación recibida) es algo en todo caso discutible, pero de ser reprobable, entonces esa diferencia entre los agentes es reprobable, y por lo tanto la explotación que surge de esa condición también lo es.

Ahora, seguimos con un análisis algo más detallado sobre el concepto de clase social. Roemer afirma que el surgimiento y configuración de una clase social definida se produce a través del proceso del mercado, en el que cada agente maximiza su utilidad dada su riqueza inicial (en un sentido amplio, sus dotaciones iniciales). Éste planteamiento es súmamente importante, pues prescinde de cualquier posible elemento de coerción en el establecimiento de una estructura de clases [1]. La restricción presupuestaria de cada agente se define en función de sus posibilidades de consumo, por la parte del gasto, y por los ingresos que puede obtener bien trabajando él mismo, contratando a terceros a cambio de un salario o trabajando para otro, percibiendo así un salario por ello (podríamos plantear una restricción equivalente en términos del mercado de capitales y tipos de interés, como vimos en la entrada anterior). Cónstese que tanto el gasto como los ingresos vienen definidos en términos reales [2].

¿Qué ocurre si resolvemos este problema de optimización? Dependiendo de la riqueza inicial de los agentes, las posibilidades para obtener ingresos con los que satisfacer su consumo varían. Así, un agente rico maximizará su utilidad si se dedica a contratar a otros agentes para que trabajen su capital. Un agente pobre, que no posee nada de capital, únicamente podrá maximizar su utilidad vendiendo su trabajo a alguno, o varios, de los agentes ricos. Entre estas dos opciones se abren varias posibilidades de agentes que podríamos denominar "clases medias", que dependiendo de su riqueza trabajarán por su cuenta, contratarán algunos trabajadores o venderán parte de su trabajo, en distintas proporciones. El resultado dilucidado por Roemer se muestra en la siguiente tabla:


De forma equivalente, como establecimos en la entrada anterior, podemos suponer una división en clases sociales pareja en presencia de un mercado crediticio, en conjunción o alternativamente a un mercado laboral. La estructura social resultante, en la que la relación crediticia puede ser llevada a cabo de forma directa o a través de intermediarios financieros, puede apreciarse en la siguiente tabla (nótese la equivalencia con la anterior):

 

Los posibles resultados llevan a Roemer al enunciado de dos teoremas fundamentales para su marco analítico. Al primero lo denomina Teorema de Correspondencia Clase-Riqueza, que establece que cuanto mayor sea la riqueza inicial de un agente, más alto se encontrará dentro de la escala de estructura social. Al segundo, paralelamente, se le nombra como Teorema de Correspondencia Clase-Explotación, que viene a decir que los agentes que optimizan su utilidad colocándose como empleadores de trabajo son explotadores, mientras que los que optimizan su utilidad vendiendo su trabajo son explotados. Estas dos consecuencias, recalca Roemer, emergen como caracterísicas endógenas de los agentes en el equilibrio de esta economía: no están postuladas de antemano. Obsérvese que ambos teoremas pueden ser descritos en términos del mercado de capitales e, inclusive, en términos de países (ya hablemos de relaciones laborales a través de migraciones, ya hablemos de relaciones crediticias a través de los mercados internacionales).

En base a estas correspondencias, de hecho, podemos establecer distintas formas de explotación según los derechos de propiedad vigentes en cada periodo histórico, ya que los mismos definen el rango y la composición de las dotaciones iniciales de los agentes (y por tanto, de las decisiones de optimización que pueden tomar). Así, Roemer define una explotación feudal como aquélla aparejada a la existencia de derechos de propiedad sobre el trabajo ajeno (como en la relación siervo-vasallo). Sigue una explotación capitalista, como aquélla que se relaciona con la existencia de derechos de propiedad sobre los medios de producción o, lo que es lo mismo, el capital. Y por último, Roemer habla incluso de una explotación socialista, que se da por la existencia de derechos de propiedad sobre los talentos innatos o capacidades propias (que desde el paradigma marxista, sí, tampoco resultan justificables). Nótese que, acorde al carácter progresivo del desarrollo histórico según el marximo, cada tipo de explotación conlleva la anulación o elimianción de derechos de propiedad que estaban definidos en el periodo previo. Así, el capitalismo, si bien prohíbe cualquier derecho de propiedad relacionado con la posesión del trabajo ajeno (en el ejemplo anterior, el señor tiene derechos sobre el trabajo del vasallo en determinadas circunstancias, y viceversa) mantiene, e incluso refuerza, los derechos de propiedad sobre el capital. Obviamente, el paso de una economía capitalista a una socialista llevaría a su vez aparejada la eliminación de los derechos de propiedad sobre los medios de producción, pero no sobre las cualidades innatas o talentos de cada persona. 

No obstante, como sumario de todas ellas y en términos generales, la definición que da Roemer de explotación, en sentido técnico, es la que expusimos en la primera entrada de esta serie, a saber: un trabajador sufre explotación si el trabajo que emplea en un proceso de producción es mayor que el trabajo encerrado en las mercancías que puede comprar con el salario percibido por dicho proceso. Esta circunstancia se dá para cualquier tipo de explotación entre las antes descritas, y obviamente, mantiene una relación muy estrecha con la definición que de los derechos de propiedad se haga en cada periodo histórico o lugar considerado.

[1] Como me aclara Citoyen, la ausencia de coerción es una contribución fundamental de Roemer en cuanto a la configuración de una estructura de clases. Por ejemplo, Samuel Bowles en su libro "
Microeconomics: Behaviour, Institutions and Evolution" defiende esta postura desde un punto de vista evolutivo, lo que da idea del calado de la aportación de Roemer.
[2] Las conclusiones que se muestran en las tablas de esta entrada se extraen a través de la resolución de un problema matemático relativamente simple, que pasa después por una demostración rigurosa de sus postulados y resultados. Si no las incluyo es, meramente, por economía de espacio (ver capítulo 4 del libro).
P.D. En la próxima entrada, antes de pasar a una nueva sección, se me hace necesario hacer un bis para exponer un ejemplo concreto pero de suma importancia, que entronca con todas las conclusiones que se han expuesto previamente. Si no lo hago en esta entrada es, precisamente, por cuestión de espacio. A pesar de la extensión deliberada de la serie, como digo, el ejemplo resulta vital no sólo para poder comprender realmente el alcance de las conclusiones expuestas, sino también a la hora de abordar una crítica efectiva, dado el caso.

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"Free to Lose", de John E. Roemer (II): explotación

En la anterior entrada explicamos qué define Roemer por tiempo de trabajo socialmente necesario (o SNLT). Este concepto resulta enormemente importante para comprender qué entiende Roemer por explotación, en un sentido técnico. No obstante, en los dos ejemplos expuestos, pudimos comprobar que, tanto en una situación autárquica como en presencia del mercado laboral, no aparecía ningún indicio de algo que pudiésemos denominar explotación. Cada agente, en ambos casos, trabajaba únicamente el SNLT. Además, vimos cómo en el segundo ejemplo, al introducir un mercado laboral, aparecía una división social del trabajo que daba lugar a una estructura de clases; pero esta circunstancia tampoco daba pie a explotación. Ésto es importante, pues se establecen dos primeras conclusiones. Primero, que un mercado laboral no da pie necesariamente a explotación. Segundo, que el que exista una estructura de clases (p.ej. empleadores y empleados) tampoco.

Ahora bien, en el ejemplo anterior supusimos una distribución inicial igualitaria, es decir, cada agente partía con la misma dotación de capital k = ½. ¿Qué sucede si la dotación inicial de capital es distinta? Retomemos el ejemplo anterior y supongamos ahora que 10 agentes poseen una dotación inicial de k = 50 uds. de maíz y los 990 agentes restantes no poseen ninguna. El único activo productivo que éstos agentes poseen es su fuerza de trabajo, ésto es, su capacidad para trabajar. Por simplicidad, llamaremos a los agentes que poseen capital "ricos", y a los que no, "pobres". En una situación autárquica, puede verse que los pobres trabajan 3 días en la Granja, obteniendo así una 1 ud. de maíz. Los ricos, por su parte, basta con que trabajen un día en la Fábrica invirtiendo 1 ud. de maíz, obteniendo al final de la semana 1 ud. de maíz, neta. 

No obstante, esta situación no es un equilibrio. Los ricos podrían hacerlo mucho mejor, dadas sus dotaciones iniciales de capital. A través de un mercado laboral, los ricos pueden convertirse en "capitalistas" y contratar trabajo. De esta forma, los agentes ricos constituyen el grupo C y los pobres, que ahora llamaremos "campesinos", el V (como en el segundo ejemplo de la entrada anterior). ¿Cuánto contratarán y a qué salario? Puede verse que los capitalistas ofrecerán trabajar su stock de capital a un salario real w =  ⅓ ud. de maíz por día (o 3 días de trabajo por 1 ud. de maíz). A este salario, los campesinos están indiferentes entre trabajar en la Fábrica o en la Granja. Si el salario fuese menor, ningún campesino querría trabajar en la Fábrica; mientras que si fuese mayor, los campesinos afluirían en masa hacia la Fábrica por tanto constituye un trato mejor que trabajar en la Granja (pero el stock total de capital es insuficiente para abastecer esa oferta laboral). Por tanto, dado el salario w =  ⅓ ud. de maíz, la oferta laboral se situará entre 0 días y 3 * 990 = 2.970 días. El equilibrio que se obtendría sería el siguiente. Los capitalistas contratan únicamente el número de campesinos requerido para utilizar el total de su stock de capital (K = 500). Ésto requiere 500 días de trabajo, o 500 / 3 = 166,67 campesinos, cada uno de los cuales se convierte en un "obrero" y gana 1 ud. de maíz por 3 días de trabajo (w =  ⅓). Los restantes 823.33 campesinos mantienen su situación trabajando en la Granja. Los capitalistas, como clase, trabajan 0 días; los obreros producen 1.000 uds. de maíz, 500 de las cuales replazan el stock de capital, 166,67 son pagadas como salarios y las restantes ⅔ * 500 = 333.33 uds. de maíz constituyen beneficios. Así, cada capitalista obtiene 33.3 uds. de maíz como beneficio en este equilibrio, sin trabajar ni un sólo día. Desde luego cada uno puede consumir 1 ud. de maíz, o mucho más que eso; o también puede acumular maíz, es decir, capital.

En el equilibrio que acabamos de presentar, hay tres clases sociales: capitalistas, que no trabajan pero contratan trabajo y obtienen beneficios; obreros, que trabajan para los capitalistas y ganan un salario de subsistencia; y campesinos, quienes no trabajan para los capitalistas y ganan un salario de subsistencia. Cada obrero y campesino trabajan 3 días para obtener una 1 ud. de maíz, pero en el ejemplo de la anterior entrada concluímos que la cantidad de trabajo encerrado en 1 ud. de maíz es de 2 días, dadas las demandas de la sociedad. Por tanto, la explotación ha surgido en este modelo, debido a que los capitalistas trabajan menos que el SNLT, en tanto que los obreros y los campesinos trabajan más que el SNLT.

¿Cuáles son las razones que han surgir la explotación en este modelo? Dos merecen mencionarse: la escasez relativa de capital respecto a la oferta laboral y la diferente distribución del stock de capital entre los agentes. Sobre el segundo, la comparación entre el último modelo y los de la entrada precedente ofrece suficiente aclaración. En cuanto a la escasez relativa de capital, hemos visto que, dado el stock de capital inicial del anterior ejemplo (K = 500) la economía era incapaz de "reproducirse" (reproducir o amortizar el stock de capital inicial) usando únicamente la tecnología de la Fábrica (que es la más eficiente). Pensemos por el contrario que el capital es relativamente abundante. Si lo es de forma suficiente, puede darse la situación de que todos los campesinos pudiesen trabajar el stock de capital de los capitalistas en la Fábrica, pudiendo quedar, aún así, ociosa una fracción del mismo. En tales circunstancias, los capitalistas comenzarían a competir entre sí tratando de contratar trabajadores, elevando el salario real pagado a los mismos, hasta el punto en que, técnicamente, los beneficios fuesen nulos (concretamente, este resultado se alcanza cuando el salario real w = 1 ud. de maíz al día). En este caso, la explotación virtualmente desaparece. Obviamente, el SNLT habrá a su vez descendido al incrementarse el stock de capital de la economía (ya que la sociedad no tiene que recurrir a la tecnología menos eficiente, que en este caso es la Granja). La esencia del capital, apunta Roemer, es que se trata de un input que no puede ser producido instantáneamente. Requiere tiempo, y por tanto ha de considerarse dado para cada periodo. Sea producido en el pasado, o bien apropiado de la naturaleza (como la tierra), en cualquier caso, cuando el capital se convierte en propiedad privada y es distribuido de una manera desigual entre la sociedad, la diferenciación y la explotación aparecen como consecuencia del proceso de mercado. Por tanto, la causa de que exista explotación se debe a una desigual distribución de las dotaciones iniciales, y no debido a la existencia de un mercado laboral o de una estructura de clases, como el marxismo clásico sostenía.

Otra cuestión que conviene aclarar es que, hasta el momento, únicamente hemos hablado de la posible existencia de un mercado laboral pero, ¿qué decir de los mercados de capitales? ¿No cumplirían acaso una función análoga, respecto a la distribución inicial del capital, que los mercados laborales? Roemer demuestra que sí. De hecho, resulta indiferente hablar de mercados de capitales, donde unos agentes contratan trabajo y otros lo venden, que hablar de un mercado de capitales donde unos agentes prestan capital y otros lo toman prestado. Los beneficios y los intereses son las contrapartidas de estos procesos en ambos casos y, dados los mismos datos en los ejemplos considerados, ambas tasas coinciden (cónstese que no siempre sucede así, sólo bajo ciertas condiciones como las de los ejemplos, pero pasar por alto esta salvedad llevó a los marxistas clásicos a considerar que beneficios e interés son esencialmente lo mismo). Las relaciones no acaban ahí, ya que Roemer llega a postular un teorema en el que demuestra que, bajo las condiciones planteadas, en una economía surgen beneficios y/o intereses si y sólo si existe explotación. Como digo, el autor demuestra todas estas equivalencias en profusos ejemplos, pero por motivos de espacio y economía didáctica los pasaré por alto (no obstante, sobre esta equivalencia y su relación con las clases sociales y la explotación me extenderé más detalladamente en la siguiente entrada).

Ahora bien, aunque podemos concluir la aparición de la explotación, en sentido técnico, la moralidad o no de este resultado, desde la ética marxista, no es algo que quede tan claro. Es más, las cosas pueden complicarse bastante. Consideremos el siguiente ejemplo de Roemer, para el cual retomamos en parte los anteriores: Supongamos dos agentes, Adam y Karl. Ambos parten con una dotación incial de capital de k = ½. Las tecnologías son las mismas que en los ejemplos anteriores. Karl es tremendamente averso a trabajar en el presente: él únicamente quiere consumir 1 ud. de maíz por semana, sujeto a la restricción de que también quiere renovar su stock de capital inicial en cada periodo. En la primera semana, él trabaja ½ día en la Fábrica (utilizando todo su stock de capital) y 1½ día en la Granja, produciendo un total de 1½ uds. de maíz, de las cuales consume 1 ud. de maíz y ½ se dedica a renovar su stock de capital para el siguiente periodo. Adam acumula durante la primera semana; él trabaja ½ día en la Fábrica, utilizando su stock inicial de capital, y 4½ días en la Granja, produciendo 2½ uds. de maíz, brutas. Después de consumir 1 ud. de maíz, le quedan 1½ uds. de maíz con la que empezar la semana siguiente. En la segunda semana, Karl trabaja ½ día en la Fábrica, utilizando su stock inicial de capital; ahora, en vez de ir a la Granja, pide prestada la 1½ ud. de maíz remanente de Adam para trabajarla en la Fábrica. Ésto le lleva a Karl precisamente 1½ días en los que produce 3 uds. de maíz, brutas. De las 3 uds. de maíz, él se queda ½ ud. de maíz (que sumada a la ½ ud. que había obtenido en la Fábrica previamente suman 1 ud., que es justo lo que quiere consumir) y devuelve 2½ unidades de maíz a Adam (1½ que le prestó y 1 ud. más en concepto de intereses). De hecho, Karl está bastante contento con este acuerdo, ya que él sólo ha trabajado 2 días y ha recibido 1½ uds. de maíz, lo cual supone el mismo resultado que si hubiese ido a trabajar a la Granja. En otras palabras, la tasa de interés que le ha cargado Adam (66.6%) es justamente la tasa a la que Karl se muestra indiferente entre pedir prestado o trabajar por su cuenta en la Granja (puede verse fácilmente que si hay mucha gente como Karl y poca como Adam, entonces la competencia llevará la tasa de interés, sea cual sea, a ese valor). Adam, por su parte, recibe un beneficio de 1 ud. de maíz por el trabajo de Karl, que consume, lo cual le deja una vez más para comenzar la siguiente semana con 1½ ud. de maíz. Adam no ha trabajado en absoluto en la semana 2. Este acuerdo puede prolongarse indefinidamente en el futuro, con Karl trabajando 2 días y consumiendo 1 ud. de maíz por semana y con Adam consumiendo 1 ud. de maíz por semana y trabajando 5 días la primera semana y nada el resto. Cabe aclarar que el mismo resultado se hubiese obtenido si, en vez de producirse un préstamo, Adam hubiese contratado a Karl para trabajar en la Fábrica (a un salario real que como en los ejemplos anteriores refleja el coste de oportunidad de Karl de ser contratado, ésto es, w = ⅓ uds. de maíz por día).

Claramente, surge explotación (tal y como la hemos definido) en este acuerdo en todas las semanas excepto en la primera. Eso sí, ¿hay algo moralmente objetable en ella? No, al menos en principio. La distribución incial del stock total de capital es igualitaria, pero eso no ha impedido que surja explotación, debido a la existencia de diferentes tasas de preferencia temporal. ¿Qué podemos decir de este resultado? Roemer concluye que la explotación, en sentido técnico, únicamente puede considerarse éticamente reprobable si las causas de la distribución inicial de dotaciones (sean distintas o no) son igualmente reprobables. En este ejemplo, por tanto, no hay nada que reprobar. La explotación no sería inmoral. Roemer obviamente no se queda del todo satisfecho con su conclusión, y en secciones siguientes de su libro, analiza las posibles razones que pueden dar lugar a distribuciones iniciales reprobables (de hecho, la existencia de diferentes tasas de preferencia para distintos agentes puede tener una justificación por la existencia de condiciones reprobables previas, apunta Roemer, y por lo tanto no serían justificables por sí mismas).

P.D. En la siguiente entrada, trataré el análisis que Roemer hace de la relación entre clases sociales, riqueza inicial, beneficios y explotación, además de extenderme algo más en este último concepto, sentando definitvamente algunas conclusiones. Tras ésta, seguirá otra entrada en la que trataré, ahora sí en menos detalle, algunas cuestiones relacionadas con el materialismo histórico y la teoría de la justicia particular que propone Roemer, en consonancia con lo anterior. La última entrada estará dedicada a repasar las conclusiones y, cómo no, a criticarlas en su justa medida. Nuevamente, pido disculpas por el grado de formalismo de la entrada. Aunque pueden llevar a confusión, considero que los ejemplos expuestos, si se entienden correctamente (y por tanto, si he sido capaz de expresarlos de forma clara) son la mejor forma de comprender las conclusiones que Roemer extrae, además de aportar una excelente base para una crítica lo más rigurosa posible.

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domingo, 17 de octubre de 2010

"Free to Lose", de John E. Roemer (I): introducción

Acabo de terminar el libro de John E. Roemer "Free to lose, an introduction to marxist economic philosophy" (1988). A decir verdad, tenía bastantes ganas de leerlo desde hacía tiempo (concretamente, desde la entrada que le dedicó Citoyen picase mi curiosidad). Cabe decir que ni ideológica ni económicamente puedo declararme marxista, pero ¿quién puede resistirse a una obra que pretende reconstruir analíticamente los fundamentos de esta teoría económica? Más aún cuando Roemer, a pesar de remarcar el indiscutible trasfondo ético de su obra, se propone emplear las herramientas de la propia economía neoclásica. En una breve serie de entradas quisiera reseñar (bueno, algo más extenso que una simple reseña) la contribución de Roemer desde sus conceptos más destacados, obviamente, sin prescindir de una valoración crítica por otra parte más que deseable.

Así, Roemer comienza definiendo el concepto marxista de explotación en un sentido técnico. Primero define el tiempo de trabajo socialmente necesario (socially necessary labor time, o SNLT) como aquel que, dadas las tecnologías, el stock de capital y los requerimientos de consumo, es necesario para producir una cierta cantidad de una mercancía y para reproducir o amortizar el capital empleado en el proceso (en sus ejemplos, mercancía es equivalente a commodity). De aquí define el trabajo encerrado en una mercancía (labor imbodied in goods) como el tiempo de trabajo requerido para producir una unidad de la misma. Por tanto, el SNLT es el trabajo encerrado en una cesta de consumo dada. Entonces decimos que un trabajador sufre explotación si el trabajo que emplea en un proceso de producción es mayor que el trabajo encerrado en las mercancías que puede comprar con el salario percibido por dicho proceso. De esta forma, Roemer consigue redefinir uno de los puntales de la teoría marxista prescindiendo de la teoría del valor-trabajo utilizada hasta entonces, que considera errónea (como lo hace la economía ortodoxa desde los tiempos de la revolución marginalista). Aunque los conceptos que a continuación se introducen son necesarios para entender qué se define por explotación, nos centraremos en ésta en la próxima entrada.

Consideremos el ejemplo de Roemer: Supongamos una sociedad formada por 1.000 individuos, que son idénticos y tienen pleno conocimiento de las tecnologías de producción disponibles. Sólo se produce un bien, maíz, que es producido por dos inputs, trabajo y maíz (o sus semillas, que es el capital, así que tenemos el caso de un bien que a su vez constituye su propio capital). Cada individuo tiene preferencias de subsistencia: cada uno necesita consumir 1 unidad de maíz a la semana (para sobrevivir, podría decirse), pero después de eso prefiere dedicar su tiempo al ocio en vez de trabajar. Además, suponemos que cada persona desea, dado el caso, reproducir su stock de semillas inicial. Así pues, la utilidad de cada individuo es una función del maíz y del ocio consumidos. Supongamos también que el stock de capital total inicial es de 500 (K = 500). Hay dos tecnologías de producción, que llamaremos "Fábrica" y "Granja", para las que el periodo de producción dura una semana, tal que:

Granja: 3 días de trabajo + 0 semillas → 1 unidad de maíz
Fábrica: 1 día de trabajo + 1 semilla → 2 unidades de maíz, brutas, o 1 unidad, neta

Asumamos ahora que la distribución inicial de los medios de producción, o del stock de capital es igualitaria, es decir, cada agente posee la misma dotación inicial (500/1000 = ½ uds. de maíz). Dadas las tecnologías y las preferencias de los agentes, y teniendo presente que no hay comercio, ¿cuál es el equilibrio de esta economía? En este caso, la solución es que cada agente trabaja 2 días: ½ día en la Fábrica y 1½ día en la Granja. Supongamos que no hay costes de transacción, con lo cual cada agente puede cambiar instantáneamente y sin costes de tecnología de producción. Durante ½ día un agente trabaja en la Fábrica y planta su ½ ud. de maíz, que al final de la semana dará 1 ud. de maíz neta, lo cual es suficiente para reproducir su dotación inicial de capital, ½, dejándole otro ½ para su consumo. Como dadas sus preferencias necesita consumir 1 ud. de maíz, se traslada a la Granja, donde en 1½ días produce ½ ud. de maíz (sin necesidad de emplear capital, que por otra parte ha gastado previamente). Saquemos resultados. El SNLT requerido para producir 1.000 uds. de maíz (justo para que la sociedad sobreviva, dadas las preferencias) es de 2.000 días, o desde el punto de vista individual, el SNLT necesario para producir 1 ud. de maíz es 2 días. La sociedad usará todo su stock de capital primero en la Fábrica, que en una semana dará 500 uds. de maíz, netas, empleando en ello 500 días de trabajo; mientras tanto, las restantes 500 uds. de maíz se producirán trabajando un total de 1.500 días en la Granja (recuérdese que "días" es una unidad de medida, entendida como la suma de los días trabajados por todos los agentes de la sociedad). Cónstese que si variamos la cantidad de subsistencia deseada (por ejemplo, ahora cada agente desea consumir 2 uds. en vez de 1 ud. de maíz) el SNLT también variará, por lo tanto el SNLT necesario para producir 1 ud. de maíz depende de la producción total requerida y de la fracción de esa producción que debe obtenerse utilizando la tecnología inferior (en este caso, la Granja). De forma equivalente, podríamos decir que el trabajo encerrado en 1 ud. de maíz es de 2 días.

No obstante, en el ejemplo anterior la situación es autárquica, no hay ningún tipo de intercambio entre los agentes de la economía. Ahora supongamos, retomando el ejemplo anterior, que hay dos grupos de agentes, 750 que denominamos C (compradores de trabajo) y 250 que denominamos V (vendedores de trabajo). Cada agente del grupo V trabaja ½ día en la Fábrica utilizando su ½ ud. de capital, que al final de la semana le reporta ½ ud. de maíz, neta. Como necesita otra ½ ud. de maíz para satisfacer su consumo, en lugar de ir a la Granja, decide ofrecer su trabajo a algún miembro del grupo C, o a varios de ellos. ¿Cuál será el salario real que le pagarán en esta economía? La respuesta es que los miembros del grupo C ofrecerán a los del grupo V la posibilidad de trabajar su stock de capital (de C) a cambio de un salario real de ⅓ uds. de maíz por día de trabajo (o 3 días de trabajo por 1 ud. de maíz). ¿Por qué? Con este salario, un agente V puede trabajar para 3 agentes C, empleando un total de 1½ día y obteniendo con ello ½ ud. de maíz, que es lo que le faltaba. En total, el agente V ha trabajado 2 días (como en el caso anterior). Si el salario fuese menor, el agente V preferiría trabajar en la Granja, mientras que si fuese mayor, ningún agente C estaría interesado en contratar. Ahora, por parte de C, el uso de su capital por V proporciona 1 ud. de maíz, bruta, de la cual ½ ud. se destina a la reproducción de su capital y paga un salario de ⅓ ud. de maíz * ½ día = ⅙ ud. de maíz, lo cual le deja, al final, con un beneficio de ⅓ ud. de maíz. Los ⅔ que le faltan los obtiene trabajando en la Granja trabajando 2 días, con lo cual al final los agentes C acaban trabajando también un total de 2 días, igual que los V.

Aunque el equilibrio obtenido en este caso es el mismo que en el primero, la estructura de clases difiere entre ambos. En el primer caso, cada agente trabaja para sí mismo, luego hay sólamente una clase de auto-empleados, sin división del trabajo. En el segundo equilibrio hay dos clases, C y V, y una completa división social del trabajo (algunos trabajan en la Fábrica, otros en la Granja). Nótese que en ambos casos los agentes trabajan únicamente el SNLT. Asimismo, dados los supuestos iniciales, los agentes se mostrarían indiferentes entre cualquiera de los dos equilibrios. No obstante, si suponemos que ahora sí existen costes en el intercambio de una tecnología de producción por la otra (por ejemplo, que existen costes de traslado entre la Fábrica y la Granja medidos en tiempo), entonces el equilibrio autárquico descrito antes no es factibe. De ser así, la solución eficiente será que haya división social del trabajo, con unos agentes trabajando en la Fábrica y otros trabajando en la Granja. En cualquier caso, a pesar de la estructura de clases de este equilibrio, el resultado es completamente igualitario tanto en términos del tiempo trabajado como en el del maíz consumido por los miembros de la sociedad. De aquí se deriva la primera conclusión importante de Roemer, y es que el que exista una estructura de clases no se relaciona necesariamente con una desigualdad en el bienestar final. No será ésta la primera de las conclusiones divergentes con los postulados del marxismo clásico.

P.D. En la próxima entrada trataré de exponer, entendidos los conceptos precedentes y basándome en el mismo ejemplo anterior, qué es en concreto la explotación, cómo surge y qué correspondencia mantiene con la existencia de clases sociales y de su configuración. Ruego me perdonéis si esta primera entrada os ha resultado tediosa o si me he sobrepasado con las matemáticas, pero tanto por interés como por claridad, los ejemplos se me hacían necesarios. Quizá repita el mismo procedimiento en la próxima entrada (dado que se trata de los conceptos más importantes y la aportación más original de Roemer, además de que será de utilidad a la hora de plantear cualquier crítica posterior), pero el resto serán más ligeras, tenéis mi palabra. Si tenéis cualquier duda, sólo preguntad.

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jueves, 14 de octubre de 2010

¿De quién se aprende en las empresas?

Las organizaciones son sistemas formados por estructuras complejas. Una organización no sólo intercambia información con el exterior, sino también entre sus propias divisiones internas. En su relación con otros sistemas, las organizaciones podrán adoptar estrategias competitivas o cooperativas con otras organizaciones, y las decisiones respecto a sus estrategias podrán ser fruto de una mayor o menor planificación, además de que serán tomadas de una forma más o menos centralizada (por no mencionar la obviedad de que pueden ser o no acertadas, o en qué grado). La Economía de las Organizaciones trata de todos estos y otros muchos temas, y sin lugar a dudas, constituye una de las disciplinas económicas más prolíficas hasta el día de hoy, con aportaciones destacadas en teoría de incentivos, derechos de propiedad, relaciones principal-agente, transmisión de información o aprendizaje. Aunque cada uno de estos aspectos merecería una serie de entradas por sí mismos, en ésta quisiera centrarme en el aprendizaje entre los miembros de una organización, o al menos, en algunos aspectos interesantes de la misma.

Como es natural, en una organización habrá miembros de distinto rango y experiencia, que habrán conseguido tanto por la trayectoria interna dentro de la organización como por su trasfondo previo. La interacción entre los miembros más veteranos y los de nueva incorporación resulta por tanto crucial para el funcionamiento interno de la organización. A fin de cuentas, más allá de los estudios, el quehacer diario de cualquier organización, o empresa, está repleto de información específica (no válida o al menos no perfectamente sustituible fuera de la organización) y en muchos casos implícita (es decir, que no está articulada expresamente o se mueve por canales informales). La importancia de esta relación viene reflejada, sin ir más lejos, en el creciente peso que los departamentos de recursos humanos han ido adquiriendo en diversas organizaciones, tanto privadas como públicas.

Ahora bien, en estas relaciones, nuestra intuición nos indicaría que los miembros de nueva incorporación aprenden recurriendo a la experiencia de los más veteranos. Además de ser instruidos específicamente, si los nuevos tienen alguna duda sobre qué hacer o cómo hacerlo, simplemente preguntarán. Esta imagen se nos antoja si cabe todavía más plausible si pensamos en empresas que se basan en un uso intensivo de capital humano cualificado, tales como consultorías, auditorías, despachos de abogados o estudios de ingeniería, por citar algunas. Sin embargo, ¿sucede realmente así?

En un estudio de Peter Blau titulado "The Dynamics of Bureaucracy: A Study of Interpersonal Relations in Two Government Agencies" (1963), se muestra una imagen muy diferente. En los dos casos estudiados, la regla oficial indicaba que los nuevos debían pedir asistencia y obtener consejo únicamente de sus superiores. Sin embargo, ninguno de los agentes tenía intención de acudir constantemente a sus supervisores buscando ayuda, no sólo por no resultar molesto, sino también porque cada pregunta demostraría, como es lógico, lo poco que sabían sobre la materia que estaban preguntando o incluso su falta de criterio o valor para tomar decisiones (lo cual podía implicar que, si se tienen tantas dudas, entonces es que no se está preparado para la tarea que requiere el empleo y por tanto sería conveniente prescindir de sus servicios). El resultado era que los nuevos incumplían sistemáticamente la regla oficial: en lugar de consultar a sus superiores, se consultaban entre ellos mismos. Si había alguna duda sobre cómo aplicar un procedimiento concreto, ésta era consultada a otros compañeros. Cabe pensar que éstos, siendo todos nuevos, tampoco tenían demasiada idea, pero la comparación entre distintas opiniones, la típica situación en la que siempre alguien "se ha enterado mejor" o "lo ha escuchado o preguntado antes", además de la confianza con respecto a otros agentes en iguales condiciones, movían el intercambio de información y, en última instancia, el aprendizaje dentro de los distintos niveles de la empresa. Paralelamente, Blau pudo comprobar que esta situación no era exclusiva de los nuevos: los veteranos también realizaban sus consultas, o compartían información operativa con otros agentes de su mismo rango, pero nunca con uno de rango superior (no digamos ya con uno inferior).

Ahora bien, ¿por qué sucede ésto? En términos técnicos, diríamos que se debe a una asimetría en el poder de negociación de cada parte, concretamente a causa de sus distintas dotaciones iniciales. Los veteranos pueden resolver las dudas de los nuevos, eso está claro, pero ¿qué pueden ofrecer los nuevos a cambio de la solución ofrecida? Nada; o casi nada, ya que siempre pueden ofrecer su gratitud. Pero al cabo de muchas dudas resueltas, la simple gratitud acaba resultando demasiado escasa, por mucho que se adorne de gracias y reverencias. A la larga hay que ofrecer algo a cambio (servicios concretos, y no penséis mal) o bien demostrar la gratitud de una forma mucho más tangible. Así, después de algunas consultas, muy pocos de los nuevos repiten el proceso y en su lugar se consultan entre ellos, entre quienes el intercambio se produce en igualdad de condiciones (todos tienen las mismas "dotaciones iniciales" en cuanto a experiencia o conocimiento, por decirlo así). Obviamente, habrá situaciones muy concretas, o de importancia, que requieran una consulta a los superiores, pero éstas cada vez serán más escasas.

La consideración de estos elementos subjetivos permite profundizar en las bases del intercambio, no sólo a nivel interno de las organizaciones, sino también entre las propias organizaciones. El que no se produzca una transacción monetaria ante un hecho tan trivial como una consulta no implica que, en términos reales, no se esté produciendo intercambio alguno: en este caso, se trata de información (que no viene dada en el vacío, sino que ha de ordenarse, articularse y transmitirse). Si situamos a cada una de las partes en los platos de una balanza, veremos que hace falta "algo" que compense el valor de la información recibida (en el caso que hemos considerado, la contrapartida sería el agradecimiento expresado por los nuevos, al menos hasta cierto punto). De hecho, aun de forma especulativa, estas conclusiones podrían permitirnos entender, por ejemplo, por qué las mujeres en sociedades tradicionales mantienen una actitud sumisa: no tienen capacidad de negociación, o no se les permite tenerla, de forma que ninguna transacción que pudiesen efectuar con respecto a otros agentes sociales estaría nunca "en igualdad de condiciones" salvo que se ofrezca "algo más" (la obediencia, por ejemplo). En resumidas cuentas, la situación de partida en una negociación, a diferencia de lo que afirmaba Ronald Coase, y ya hablemos de información ya hablemos de cualquier otro factor,  al parecer sí es importante.

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El atraso secular de la economía española


Ahora que me encuentro algo más inmerso en trabajos de Historia Económica, concretamente de España y Latinoamérica, cayó hace poco en mis manos el libro de Leandro Prados de la Escosura "De Imperio a Nación" (1988), en el que se dedica a revisar y contrastar una buena parte de las conclusiones típicas de la literatura relacionada con el desarrollo económico de España en el siglo XIX. Entre ellas pueden mencionarse una agricultura deficiente, incapaz de acompasar un desarrollo industrial sostenido; un varapalo económico de suma trascendencia a causa de la pérdida del imperio colonial; un mercado interno muy estrecho, incapaz de reportar tasas de retorno suficientes para estimular la actividad comercial exterior, etc. La originalidad de Prados de la Escosura se muestra patente en la forma de contrastar estos planteamientos mediante el empleo de una metodología cuantitativa bastante rigurosa, que en más de una ocasión se traduce en una (a veces sorprendente) divergencia con respecto al consenso académico previo. Para ofrecer una mínima situación en el planteamiento de la obra, Prados de la Escosura parte de la definición de crecimiento económico de Kuznets, quien lo describe como "un crecimiento sostenido de la renta per cápita o por trabajador, muy a menudo acompañado de un aumento de la población y generalmente por profundos cambios institucionales". Prados de la Escosura invierte los términos, definiendo atraso económico como "un desnivel creciente de renta per cápita o por trabajador, acompañado por una divergencia en el proceso de cambio estructural".

Dado que una entrada hace flaco favor al contenido íntegro del libro, os transcribo directamente las conclusiones del autor (espero, en cualquier caso, que no le moleste). Nunca están de más como marco de referencia a la hora de juzgar la situación de España y su desarrollo decimonónico, máxime teniendo en cuenta lo propensos que somos a prejuzgar a nuestro país o nuestra economía, pasada o frente. Así pues, aquí tenéis las conclusiones (énfasis añadido):  

“Los historiadores de la España del siglo XIX y principios del siglo XX han interpretado la transición económica del imperio colonial a la nación moderna en términos de fracaso, estancamiento y retraso. A lo largo de los capítulos de este libro, he intentado ofrecer una visión del cambio de la economía española en el contexto europeo que resulta aparentemente contradictoria, pues el crecimiento sostenido a largo plazo se ve empañado por el atraso que experimenta en términos comparativos. El estudio se ha apoyado en la utilización sistemática de material estadístico, fruto, la mayor parte de las veces, de una investigación original. El carácter fragmentario de la evidencia disponible y el progreso aún escaso de la moderna historia cuantitativa en España, dan al estudio el carácter de una exploración, preliminar e incompleta, de algunas de las interpretaciones más comunes del atraso económico español.  Las principales reflexiones que de ella se derivan, pueden resumirse así:

1. El ingreso real por habitante experimentó un crecimiento sostenido y, en términos históricos, nada desdeñable, durante el largo siglo XIX y se aceleraría en las dos décadas anteriores a la Guerra Civil. Sin embargo, los niveles relativos de bienestar empeoraron para España y, tras haber supuesto su renta per cápita dos terceras partes de la británica durante las guerras napoleónicas, era alrededor de la mitad en vísperas de la proclamación de la II República.

2. El patrón de desarrollo seguido por España entre 1800 y 1930 no tendió a converger con las pautas de Europa occidental, como refleja el desfase entre el inicio de la modernización, medido por el creciente ingreso real por habitante, a partir de 1930, y los comienzos, décadas más tarde, de la transformación estructural.

3. No hay evidencia concluyente que apoye la idea de que la pérdida de las colonias fuera causa destacada del atraso económico. Pese a los indudables efectos negativos, a corto plazo, sobre el nivel de inversión, los ingresos del Estado, el comercio exterior de bienes y servicios, la industria manufacturera y los servicios financieros, el impacto global sobre la economía fue mucho menor de lo que han supuesto los historiadores (menos del 6% del producto interior) y estuvo concentrado regionalmente.

4. La producción agraria creció a lo largo del siglo XIX, tanto en términos absolutos, como por habitante. El crecimiento procede del mayor volumen de recursos utilizados, así como de incrementos en la productividad. La demanda exterior contribuyó a estimular cambios en la organización productiva y en la asignación de recursos. Esta evidencia tiende a cuestionar la visión de la agricultura como la clave de la explicación del fracaso de la Revolución Industrial en España. Sin embargo, la imagen es menos optimista cuando se sitúa a la agricultura española en el contexto de Europa occidental: la productividad experimentó tasas inferiores de crecimiento, y los diferenciales con respecto a Francia y Gran Bretaña (grandes, de por sí, en 1800) tendieron a aumentar durante el siglo XIX y no se redujeron significativamente en las primeras décadas del siglo XX. Las diferencias en la composición del producto agrario y en el producto por hectárea surgen como factores claves, y no meros síntomas, del atraso agrario español. Determinar si fueron factores naturales o sociales los responsables de éste, requiere una investigación más profunda.

5. El fracaso en lograr acceso a mercados exteriores, más que la estrechez del mercado interior, subyace en la mediocre actuación de la industria manufacturera española. Entre 1800 y 1910, el producto y la productividad industrial aumentaron, si bien a un ritmo inferior al europeo occidental (tanto en los países del Centro como de la Periferia), e incluso, al recientemente postulado para España. Durante los años 1910-1930, la ligera mejoría de los niveles españoles de industrialización por habitante en el contexto europeo, no fue acompañada por una reducción de la distancia que, en términos de productividad, separaba a España de otras naciones de Europa occidental, pues el desnivel se ahondó en este periodo. Así, la industria comparte la responsabilidad de la lenta e insuficiente modernización económica de la España del siglo XIX.

6. Aunque las exportaciones representaban una pequeña proporción del producto interior español, aportaron un estímulo significativo y, quizá indispensable, a la modernización económica durante el siglo XIX y los comienzos del XX. El comercio ejerció positivos, aunque moderados, efectos de arrastre y externalidades sobre la economía española. La demanda exterior indujo a una más eficiente asignación de recursos, y la explotación de sus ventajas naturales, mediante la especialización en cultivos comerciales y productos minerales, significó una vía adecuada de desarrollo en una situación en la que el comercio daba salida a los recursos naturales y humanos excedentes (vent for surplus) de España. La flexibilidad exhibida por los cambios en la composición de exportaciones e importaciones, y la evolución a largo plazo de la balanza de pagos, implican que aquellos historiadores que analizan el comercio exterior español en términos de los patrones monoexportadores de los países del Tercer Mundo, están transplantando conceptos de un entorno totalmente diferente. La teoría de la dependencia formulada para América Latina parece de descasa relevancia para la España del siglo XIX. La especialización de acuerdo con sus líneas de ventaja comparativa proporcionó a España mejoras, tanto absolutas como relativas, en su nivel de bienestar, medidas por las relaciones reales de intercambio. Los favorables precios relativos y las oportunidades de empleo constituyen los elementos clave tras estas tendencias positivas observadas.

7. Atraso, en lugar de estancamiento o fracaso, es el término adecuado para describir la actuación de la economía española durante la transición de imperio a nación a lo largo del siglo XIX. Bajos niveles de formación de capital, físico y humano, un sector agrario tradicional de considerables dimensiones, una industria manufacturera ineficiente y sobreprotegida, dirigida por empresarios que rehuían la competencia, y un grado reducido de apertura al mercado exterior, son elementos destacados de la visión tradicional del pasado de la economía española que han resistido el escrutinio de la reconstrucción cuantitativa y de la exploración analítica llevada a cabo en este libro. Sin embargo, la vieja imagen es ahora menos pesimista. Un crecimiento sostenido, tanto del producto real por habitante, como por trabajador, una población creciente, y moderados cambios en la estructura económica, son rasgos de la España del siglo XIX y primer tercio del XX que encajan en la definición kuznetsiana  del crecimiento económico de las naciones modernas. Así, pues, España se atrasó en el contexto de los países avanzados de Europa occidental, pero, no obstante, la vía elegida para acceder a la sociedad moderna estuvo más próxima a ella que a la de los países actuales del Tercer Mundo".

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jueves, 7 de octubre de 2010

La provisión de bienes públicos (III): críticas y conclusiones al modelo de Tiebout

Al final de la entrada anterior advertí que, a pesar de las vías antes inexploradas que parecía abrir el modelo de Tiebout en torno a la posible eficiencia en la provisión de bienes públicos a nivel local, las cosas no eran tan sencillas. En primer lugar, comenté que los supuestos del modelo eran bastante restringidos. Para apreciarlo mejor, los enumeraré de forma resumida:

1) Los consumidores tienen movilidad completa. Los costes de desplazamiento son nulos.
2) Los consumidores tienen conocimiento completo sobre los patrones de recaudación y de gasto de cada jurisdicción.
3) El número de jurisdicciones es elevado.
4) No hay restricciones relacionadas con el empleo (tanto por perderlo como por adquirirlo).
5) Los bienes o servicios públicos ofertados no generan externalidades de ningún tipo.
6) Las jurisdicciones, dados sus patrones de recaudación y gasto, y otras restricciones, optimizan el tamaño de su población. 
7) Por tanto, en relación con el supuesto anterior, tratan de atraer población si su tamaño es menor al óptimo, de expulsarla si es mayor, o de mantenerla si es igual. La inmigración, en este sentido, es perfectamente controlable.

Como decíamos, los supuestos plantean unas restricciones que es preciso considerar. De hecho, la crítica al mismo que ha surgido tras su publicación generalmente se relaciona con el intento de refutar, corregir o reforzar alguno de tales supuestos. En concreto, hago referencia a la crítica que Truman F. Bewley realizó en el paper "A Critic of Tiebout's Theory of Local Public Expenditures" (1981). En su trabajo, Bewley se dedica a formalizar el modelo de Tiebout al tiempo que expone una serie de ejemplos con los que contrastarlo. Su resultado no es nada alentador. De ocho posibles casos, de los que el modelo original presentado por Tiebout sólo sería uno de ellos, tan sólo uno resulta en un equilibrio que además es eficiente en el sentido de Pareto: el del propio Tiebout. Todos los demás, si bien resultan en equilibrios estables, no son eficientes. Para entenderlo (aunque para una comprensión plena recomiendo el propio paper), presentaré uno de sus ejemplos, en concreto el 3.2.

Supongamos dos jurisdicciones (j = 1,2), cuatro individuos (i = A,B,C,D), un bien privado (l = tiempo), cuatro bienes públicos con la misma función de producción (nj (ga+gb+gc+gd) = 2Lj, donde n es la la población de cada jurisdicción y Lj = laj+lbj+lcj+ldj, luego la producción del bien público depende de la población total). Cada individuo tiene la misma dotación inicial li =1 y, respectivamente, las siguientes funciones de utilidad: Ua = 2ga + gb, Ub = ga + 2gb, Uc = 2gc + gd, Ud = gc +2gd. El precio del bien privado y de cada bien público para las dos jurisdicciones es 1. Supongamos también que los individuos se distribuyen en cada jurisdicción de forma que A y C viven en j = 1, mientras que B y D viven en j = 2. Comprobamos si esta situación constituye un equilibrio de Tiebout. Dadas las funciones de utilidad de los individuos y su distribución entre las dos jurisdicciones, tenemos que la provisión de bienes públicos que se efectuará en cada una de ellas será la siguiente:

j = 1, (ga,gb,gc,gd) = (1,0,1,0)
j = 2, (ga,gb,gc,gd) = (0,1,0,1)

Y las funciones de utilidad de los agentes serán: (Ua,Ub,Uc,Ud) = (2,2,2,2).

La situación que exponemos constituye un equilibrio de Tiebout, ya que si los individuos creen que la provisión de bienes públicos es algo dado (como expresa la suposición 2 del modelo), entonces cualquier cambio de jurisdicción provocará que la utilidad de los individuos decrezca (es decir, los individuos A y C creen que la provisión de bienes públicos es (0,1,0,1) en la jurisdicción 2 independientemente de lo que ellos hagan o dejen de hacer). Sin embargo, este equilibrio no es eficiente en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Imaginemos que en la distribución de los individuos ahora A y B viviesen en la jurisdicción 1 y C y D en la jurisdicción 2. En tales circunstancias, la provisión de bienes públicos ahora sería:

j = 1, (ga,gb,gc,gd) = (1,1,0,0)
j = 2, (ga,gb,gc,gd) = (0,0,1,1)

Y sus respectivas funciones de utilidad ahora serían (Ua,Ub,Uc,Ud) = 3 > (Ua,Ub,Uc,Ud) = 2.

Por tanto, la nueva distribución es Pareto superior a la anterior, luego puede darse el caso de que un equilibrio de Tiebout, a pesar de ser estable, no sea eficiente en el sentido de Pareto. Esta es la conclusión que extrae Bewley a lo largo de ocho modalidades distintas de ejemplos en los que, como dijimos, sólo en uno de ellos un equilibrio de Tiebout presenta además condiciones de eficiencia. La conclusión de Bewley no podía ser más ilustrativa: "Tiebout's narrow model is essentially a general equilibrium model. General equilibrium theory was designed so as to solve a very specific allocation problem using a specific mechanism. Tiebout considers a different allocation problem and suggests a different mechanism. But when one considers his idea critically, one finds that in order to solve his problem in the way he suggests, one is obliged to strip the problem of all its distinguishing characteristics and to reduce it to the problem already solved in general equilibrium theory".

Los resultados de Bewley supusieron un jarro de agua fría para todos aquellos que depositaron sus ilusiones en el camino marcado por Tiebout. ¿Podía ser que al final todo quedase en agua de borrajas? Para su suerte, realmente no fue así. Los ejemplos seleccionados por Bewley eran correctos, pero desde luego ni su planteamiento ni los parámetros que él escogía eran los únicos posibles. De hecho, desde entonces numerosos autores han tratado de testar el modelo de Tiebout en múltiples modalidades, trabajando con distintos parámetros e incluyendo numerosas contribuciones, bien de otras áreas de la economía bien a través de su propia aportación. Es más, para que os hagáis una idea, a estas alturas la crítica de Bewley ha sido tan súmamente revisada que ha perdido toda su validez a día de hoy.

En cualquier caso, el modelo de Tiebout, más allá de sus supuestos y de la forma concreta que le dio su autor, ha supuesto un enorme avance en el campo de la Economía Pública en un aspecto muy claro: el haber señalado que, si adoptamos un enfoque más reducido en la provisión de bienes públicos, podemos encaminarnos hacia una solución que antes parecía inalcanzable.

P.D. He intentado ser lo más claro posible en la exposición del ejemplo 3.2. de Bewley, pero sé que puedo haber inducido a confusión más que aclaración. Aparte de remitiros nuevamente al paper, recuerdo que estoy a vuestra plena disposición para aclarar cualquier duda sobre el modelo expuesto, así como sobre cualquiera de los otros que aparecen en su paper. En la medida de lo posible, haré lo que esté en mi mano. 

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miércoles, 6 de octubre de 2010

La provisión de bienes públicos (II): el modelo de Tiebout

En la anterior entrada comenzamos a hablar de la provisión de bienes públicos, y por el momento, parecía que el único resultado era asumir una ineficiencia insalvable pero necesaria. O en otras palabras, sí, podíamos asumir que una economía podía alcanzar un equilibrio, pero éste no sería eficiente en el sentido de Pareto (precisamente por incluir los bienes públicos) [1]. Sin embargo, no todos los economistas estaban dispuestos a resignarse. Así, en un paper ya mítico titulado "A Pure Theory of Local Expenditures" (1956) el economista Charles M. Tiebout [2] propuso una original línea de argumentación que, más allá de dar una solución definitiva, abría enormes puertas para el desarrollo de la Economía Pública moderna.

El razonamiento de Tiebout es el siguiente. Efectivamente, la provisión de bienes públicos a nivel central se encuentra ante los problemas que comentamos en la entrada anterior. Los consumidores no tienen demasiado donde elegir, el sector público de la región en la que nacen es algo que les viene dado. Lo único que puede hacer éste es "adaptarse", en la medida de sus posibilidades, a las preferencias reveladas de los consumidores. No obstante, no tenemos por qué asumir lo mismo con la provisión de bienes públicos locales. A fin de cuentas, los individuos pueden cambiar de localidad, y es más, normalmente lo harán tomando en cuenta una serie de consideraciones, muchas de ellas relacionadas con los bienes públicos que en ella se provean, tales como la tranquilidad de la localidad, la seguridad, el carácter de sus habitantes, su oferta de ocio, la calidad de sus escuelas o de su atención sanitaria, la extensión de sus zonas verdes, el cuidado de sus playas, etc. Todas estas variables son o bienes públicos provistos por la propia autoridad local o bienes que, aunque pudiesen ser privados, presuponen una correcta provisión de algún bien público concreto (como pudiera ser el orden público, por ejemplo). En EE.UU. las corporaciones locales proveen una gran cantidad de servicios, como la educación, pero sería igualmente fácil trasladar todas estas consideraciones en el caso español a las CC.AA., sin ir más lejos (y también podría hacerse con respecto a los distintos países del mundo, ya que el modelo de Tiebout únicamente habla de "regiones", pero en este último caso sería asumir demasiado). Asimismo, las distintas administraciones locales cobran diferentes niveles de impuestos con el que poder sufragar estos bienes públicos, lo cual es algo que los individuos también toman en consideración antes de elegir en qué zona vivir.

De esta forma, Tiebout explica que a diferencia de la provisión de bienes públicos por parte de alguna autoridad central, la descentralización nos permite contemplar los bienes públicos ofertados por cada corporación local o región como un sistema competitivo, en el que las distintas regiones se esfuerzan por captar población a la vez que maximizar el bienestar conjunto de sus habitantes. Es más, bajo esta óptica, Tiebout afirma que de hecho puede alcanzarse un equilibrio que, emulando un equilibrio competitivo, sea además eficiente en el sentido de Pareto. La disyuntiva que nos planteamos en un principio respecto a los bienes públicos queda así superada gracias a la descentralización.

Obviamente, el modelo de Tiebout contiene unas suposiciones bastante concretas y restringidas (movilidad completa de los consumidores, patrones de gasto fijadados de antemano por las corporaciones locales, etc), pero no por ello su contribución pierde validez, sobre todo frente a las palabras de Samuelson: "However, no decentralized pricing system can serve to determine optimally these levels of collective consumption (...)". Por su parte, la conclusión de Tiebout a la luz de su modelo es clara: "The solution, like a general equilibrium solution for a private spatial economy, is the best that can be obtained given preferences an resource endowments".

Sin embargo, antes de dejarnos lleva por la emoción, no está de más recordar que no es oro todo lo que reluce. ¿Cómo, es que hay pegas? Desgraciadamente sí (aunque a veces se olvide, recordad que la economía es una ciencia y, como tal, para cada contribución siempre hay alguien esperando acertadamente a refutarla). Eso sí, para saberlo, tendréis que esperar a la siguiente entrada.

Enlaces recomendados

[1] Para saber qué es o para más información sobre el concepto normativo de eficiencia en el sentido de Pareto puede consultarse mi entrada relacionada con el tema, aquí.
[2] Podéis consultar otros trabajos de Tiebout, así como información sobre su vida académica y personal en su página web dedicada de la Universidad de Whasington, aquí.

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sábado, 2 de octubre de 2010

La provisión de bienes públicos (I)

Una de las principales características de las economías modernas es el peso y papel que el sector público ocupa en ellas. Definir qué es exáctamente el sector público resulta una tarea súmamente compleja, más allá de intuiciones o ideas preconcebidas. En lo que nos concierne, entenderemos el sector público como aquél sector de la economía encargado de la provisión de bienes públicos. La defensa nacional es el ejemplo más recurrido. Otros bienes, tales como la educación o la sanidad, y en general los bienes denominados preferentes, si bien son provistos por el sector público, no son en sí mismos bienes públicos, y por tanto no entran dentro de nuestra consideración.

Aunque la disponibilidad de tales bienes públicos se da por sentada en cualquier economía, su provisión constituye un verdadero problema económico, y teniendo presente que las economías actuales destinan alrededor de un tercio de su renta nacional al sostenimiento del sector público, puede verse claramente que no se trata de una cuestión irrelevante. De ahí la necesidad de entender, primero, qué entendemos por bienes públicos; segundo, qué podemos decir de su producción y distribución; y por último, cómo evaluamos la eficiencia de todo el proceso. Enlazando con lo anteriormente dicho, plantearse que un tercio de la renta nacional se destina a procesos no eficientes supone una pérdida considerable en términos de costes de oportunidad, con lo que una vez más se refuerza su importancia.

No obstante, ¿qué es un bien público? La definición canónica ha sido bien expresada por Elinor Ostrom: "Un bien que está disponible a todos y del cual su uso por una persona no substrae de su uso por otros". En términos técnicos, decimos que un bien público puro es no saturable, no excluyente y no rival. No saturable porque todos pueden consumirlo sin importar su cuantía o número. No excluyente porque no se puede impedir a nadie su consumo. No rival porque su consumo por parte de un individuo no afecta o perjudica su consumo por parte de otros. Obviamente, existen muy pocos bienes públicos que puedan considerarse puros, principalmente debido a que no cumplen la condición de ser no saturables. Pensemos por ejemplo en un parque municipal. El parque cumple las condiciones de un bien público puro en tanto el número de personas que transiten por él no exceda cierto límite, a partir del cual, la aglomeración o saturación provoca que el bien deje de ser público y, por tanto, pueda ser susceptible de someterse a discriminación bajo un sistema de precios. Esta situación, como decimos, es susceptible de darse para la mayoría de bienes públicos en determinadas circunstancias. De ahí que por lo general se asuma como característica de los bienes públicos que únicamente sean no excluyentes y no rivales.

Esta problemática nos lleva a una segunda definición que, aunque quizá menos elegante, resulta más precisa. Decimos así que un bien público es aquél cuyo coste no puede repercutirse sobre sus consumidores. Éste sólo puede sufragarse de forma indirecta y aún así resulta imposible determinar cuál sería la contribución de cada individuo, dada la dificultad de distinguir la frecuencia y proporción de cada individuo en cada caso. Una de las razones que explican la imposibilidad de repercusión sobre los consumidores es el problema del free-rider, ésto es, dado que un bien público es no excluyente, un consumidor racional tenderá a evadir al pago de dicho bien, del que por otra parte no puede excluírsele. Este y otros problemas son los que hacen que la solución más efectiva sea obligar a todos los consumidores a su sostenimiento, y por tanto, de ahí que su provisión se encargue a la única institución que posee la potestad de ejercer la coacción, es decir, el Estado. Su función no sólamente consiste en proveer y sostener los bienes públicos existentes, sino también recaudar y gestionar las contribuciones que se sutraen a los consumidores para su financiación a través de los impuestos [1].

A pesar de todo, queda pendiente la cuestión sobre la eficiencia de esta provisión de bienes públicos. Samuelson (1954) y Musgrave (1939), economistas ambos que analizaron en profusión la función del sector público, terminaron ante la disyuntiva inexorable de un trade-off entre eficiencia y equidad. La existencia de un mecanismo de precios que organizarse un mercado para los bienes públicos resulta imposible, y en tales condiciones, tan sólo individuos u organizaciones con elevados niveles de renta pueden permitirse la provisión de bienes públicos, tales como protección y defensa, de forma que, a pesar de los costes derivados de la apropiación por parte de terceros o de la no remuneración de las externalidades positivas generadas, aún obtuviesen una utilidad positiva por el consumo de dichos bienes. La única provisión posible a gran escala únicamente puede así descansar sobre el Estado, al margen de cualquier sistema de precios, y soportando la inefiencia que dicho proceso conlleva para la economía. En todo caso, la labor del sector público sería adaptativa, es decir, el sector público trataría de "adaptarase" en la medida de lo posible a las preferencias de los consumidores principalmente a través de un método de ensayo y error y confirmación a través del sistema electoral, con todas las deficiencias que pueden achacarse a este procedimiento. Además, podríamos considerar un "tamaño óptimo" del sector público, en el que la garantía de una provisión óptima de bienes públicos se conjugue con la menor ineficiencia posible para la economía. El problema de la eficiencia en la provisión de bienes públicos se reducía pues a una ineficiencia lastrante pero necesaria e inherente al desarrollo de toda economía.

Cabe aclarar que, con respecto a la provisión de bienes públicos, diríamos que la provisión es eficiente si tanto dicha provisión como la distribución que de ella se efectúa coincide con las preferencias de cada uno de los consumidores, o en su defecto, con el agregado vertical de las mismas. No obstante, se hace patente que al Estado le resulta imposible realizar esta labor, ya que la única manera de poder obtener una información medianamente fiable a tal respecto sería forzar a los consumidores a que declarasen tales preferencias, pero incluso así, un consumidor racional tendería a declarar unas preferencias menores a las que realmente posee, a fin de pagar menos por el bien público en cuestión y aún así seguir beneficiándose del mismo. El problema del free-rider vuelve a aparecer. En tales circunstancias, y como decíamos, tan sólo los consumidores particulares, que conocen perfectamente sus preferencias, serían capaces de efectuar para sí mismos una provisión de bienes públicos que resultase eficiente, pero sería necesaria una elevada renta para soportar los costes de no exclusión, tal y como reza el razonamiento que se ha expuesto más arriba.

El problema, como decíamos desde un principio, se muestra francamente complicado, y hasta el momento, la única solución posible parece ser la resignación ante una ineficiencia que, aunque no deseada, es imposible de evitar en la provisión de bienes públicos. No obstante, ¿es ésta la única posibilidad? ¿No hay ninguna solución? La respuesta, en la próxima entrada.

[1] Sé que algún economista austriaco-rothbardiano podría decirme que bienes considerados tradicionalmente como públicos tales como la justicia, la protección policial o la defensa, se consideren o no externalidades, pueden ser provistos por entidades privadas. No obstante, mi respuesta será la misma en todos los casos: que lo demuestren. La pretensión de coherencia lógica es algo loable, pero en este caso concreto, su argumento no sólo contiene importantes fallas teóricas, sino que carece de toda evidencia empírica pasada o presente. Hasta que se muestre lo contrario, por tanto, lo más sensato a la vez que coherente es adscribirse al consenso, aún así respaldado por la teoría, de que bienes como la defensa o la justicia han de ser considerados públicos y provistos por el Estado.

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